Claudio Westtein, de Sameep (y cuñado de Martinez); Guillermo Monzón, en el Ministerio Desarrollo Urbano y Hugo Acevedo, en Vivienda, entre otros funcionarios del gobierno que responden directamente al dirigente del PJ, Gustavo Martínez, deberán definir de qué lado están.

O por lo menos así lo plantearon este lunes en el acto de la militancia de Villa Ángela un grupo de 40 intendentes quienes redoblaron la apuesta en el medio de la fuerte puja interna que mantienen con el “gustavismo”.

La movida puede ser motivada por una cuestión de solidaridad con los intendentes investigados por la Justicia Federal pero también como una forma de defensa propia.

Muchos podrían estar en la misma situación, en cualquier momento.

Cabe recordar que dicha interna explotó el día en que la presidenta de la Legislatura, Élida Cuesta, decidió hacer público su acompañamiento al pedido de intervención del municipio de Castelli, en medio de la investigación judicial por presunto desvío de fondos de viviendas y que lo tiene al jefe comunal, Alberto Nievas, en la mira. Si esa intervención alcanzaba los votos necesarios, Nievas se hubiera quedado sin fueros y, en este momento, estaría preso.

“Categórico pedido de intendentes para definir la situación de funcionarios ‘gustavistas’ en el gobierno: ‘El que no acepta la conducción de Peppo, que renuncie’”, fue el título de la gacetilla de prensa que llegó a los medios locales desde el correo oficial del Frente Chaco Merece Más.

La misma señala que casi cuarenta jefes comunales se reunieron con el mandatario para acercarle una serie de inquietudes sobre el impacto que estaría causando en el gobierno y en los municipios el movimiento interno encabezado por el dirigente resistenciano Gustavo Martínez.

De acuerdo a la visión de los intendentes, “en lugar de plantear sus disidencias políticas en el seno del Partido Justicialista, este referente las expone mediante un accionar que busca perjudicar la estabilidad institucional de nuestros municipios”.

“Si hay una línea interna dentro de nuestra fuerza que en lugar de debatir puertas adentro elige minar la gobernabilidad de la Provincia y los municipios, los funcionarios que responden a esa línea tienen que definir su continuidad dentro del proyecto o dejar el gobierno”, expresaron.

También hablaron de una investigación judicial que afecta a casi una docena de localidades, y plantearon la necesidad de que el gobernador “articule las acciones necesarias ante la Legislatura para que los diputados provinciales dejen actuar a la Justicia con las herramientas que le provee la Constitución y las leyes, en lugar de persistir en la amenaza constante de intervenir municipios cuando no están dadas todas las condiciones para que esto así sea”.