El Grupo Techint dejó de lado las amenazas que venía deslizando por lo bajo contra la administración de Macri y decidió enfrentar directamente al Gobierno con una demanda de consecuencias impredecibles.
El recorte de subsidios al gas de Vaca Muerta recientemente aplicado por Lopetegui fue interpretado por Rocca como una ruptura de la alianza que se había mantenido incluso ante el procesamiento y el pedido de detención que sufrió en la causa de los cuadernos, por el pago de coimas millonarias en dólares a funcionarios de Néstor y Cristina Kirchner.
En esta nueva etapa, el principal empresario de la Argentina eligió pegarle Macri donde más le duele. Lo acusó de violar el derecho de propiedad, equiparándolo a un gobierno anti mercado que no respeta la seguridad jurídica.
Dejó de esa manera en el aire flotando el recuerdo de la expropiación de la planta de Sidor que sufrió en Venezuela por parte de Hugo Chávez, que al final del camino le resultó un suculento negocio porque cobró una indemnización que según denunciaron ex gerentes involucrados en las negociaciones, superó en 300 millones de dólares el monto de mercado.
Hoy, Rocca plantó las bases para un juicio similar, que ahora deberá enfrentar el Estado argentino.
«La sociedad ha presentado en el día de la fecha recursos jerárquicos contra las resoluciones de la Secretaria de Energía de la Nación que liquidaron las compensaciones previstas en la Resolución 46. Tales liquidaciones constituyen una clara violación del artículo 17 de la Constitución Nacional al afectar derechos adquiridos de la sociedad que habían sido reconocidos por la propia conductora del estado», comunicó el presidente de Tecpetrol, Carlos Ormaechea.
«La propiedad es inviolable, y ningún habitante de la Nación puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley. La expropiación por causa de utilidad pública, debe ser calificada por ley y previamente indemnizada. La confiscación de bienes queda borrada para siempre del Código Penal argentino», indica dicho artículo de la carta magna.
La virulencia de la denuncia de Rocca dejó en shock a los funcionarios de Macri, que consultados por este medio prefierieron no opinar ni contestar la grave acusación del empresario.
Es que, mientras Iguacel le estuvo abonando al holding los incentivos a la producción de gas -subsidios- de acuerdo a los volúmenes efectivamente alcanzados -que llegaron a un récord de 17,5 millones de m3 al día-, Lopetegui anunció que pasará a pagar solamente por la producción estimada al momento de solicitar el beneficio (8 millones de m3/día).
La medida implica un «perjuicio» retroactivo de $5.655 millones de pesos y -de acuerdo a los precios que rigen actualmente- unos 1.000 millones de dólares en promedio en los próximos tres años, que Rocca no está dispuesto a resignar. La airada reacción de Rocca también abre un debate interesante.
El mismo sector del establishment que el subsidio a los ciudadanos de los servicios públicos por el grave daño que -según su visión- le causaban a la saluda de la macroeconomía, no tienen empacho en defender con fiereza el mismo instrumento de política económica, cuando se aplica a sus emprendimientos.
En consecuencia, desde el primer momento Rocca salió a jugar fuerte. En un comienzo puso en duda las inversiones a futuro y posteriormente anunció la suspensión de 300 trabajadores, justo cuando el sindicalista Guillermo Pereyra advirtió -ante una movilización de 20.000 petroleros- que rompería con todos los acuerdos laborales si se concretaba un solo despido.
Ahora, profundiza la confrontación con la certeza de tener todas las de ganar en materia judicial y con el respaldo del mercado, donde cayó muy mal el cambio de reglas. «Rocca tiene razón, fue el que más invirtió, arriesgó y ahora le cambian todo. No tienen palabra, si no arreglan se caen al precipicio», aseguró el analista de mercados Francisco Uriburu.
Fuentes del sector energético al tanto de los entretelones, comentaron que se trata de un recurso administrativo que saltea a la propia cartera de Energía y apela directamente a Dujovne para que reconsidere lo actuado por Lopetegui, frente a la duda de hasta donde estará dispuesto a llegar el dueño de Techint.
Pero en definitiva, los abogados sostienen que este recurso administrativo tiene una característica muy parecida a una presentación judicial y puede derivar en un juicio tranquilamente.
El principal interrogante que surge frente a este conflicto es la posición que tomará el empresario respecto al proceso electoral que se avecina, a sabiendas que su decisión puede influenciar al resto del establishment, que precisamente se encuentra muy desilusionado con la administración Cambiemos.
Como se sabe, Rocca es el histórico conductor de la UIA -la central empresaria más relevante del país- y tiene lazos muy cercanos con los principales medios del país. A su vez, desde hace meses que viene siendo investigado en una causa en la que el oficialismo ha mostrado tener cierta injerencia.
