A pesar de que el cuerpo del preso Argentino Pelozo Iturri estaba destrozado a golpes, los asesinos y sus cómplices lograron preservar la mentira y la impunidad mediante el ocultamiento de pruebas durante diez años.
Sin embargo, después de un juicio que llevó cuatro meses, la Justicia Federal de Neuquén dictó hoy miércoles por la mañana un fallo histórico: condenó a prisión perpetua a ocho agentes penitenciarios federales por haber torturado al preso con golpes de puño y patadas hasta liquidarlo.
El Tribunal Oral Federal de Neuquén consideró este miércoles que los agentes de requisa del Servicio Penitenciario Federal (SPF) Orlando Horacio John, Pablo Ángel Muñiz, Javier Féliz Pelliza, Pablo David Sepúlveda, Daniel Ulises Romero, José Lorenzo Retamal, José Walter Quintana y el celador Carlos Roberto Vergara fueron coautores del delito de «imposición de tortura seguida de muerte» y pasarán el resto de su vida en el mismo lugar donde trabajaban, pero del otro lado de las rejas, con condena perpetua.
En la última audiencia, llevada a cabo en los Tribunales de esa provincia, los jueces Marcelo Grosso, Orlando Coscia y Alejandro Vidal también dictaron fuertes penas contra las autoridades del penal y los médicos que apañaron la conducta de sus subalternos.
El jefe de Seguridad Interna del penal, Daniel Huenul, que estaba a cargo del cuerpo de requisa, fue castigado por omitir «evitar la aplicación del delito de tortura» y recibió una pena de siete años.
Por el mismo crimen, el ex director de la Unidad 9 de Neuquén, José Sosa, y su subdirector, Héctor Ledesma, recibieron seis y seis años y medio de pena, respectivamente.
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Gabriel Grobli, jefe de Región Sur del SPF, quien debía hacer los trámites protocolares tras la muerte (tomar fotografías, clausurar el servicio médico, confeccionar el croquis del hecho), fue encontrado culpable de haber encubierto el homicidio y recibió una condena de seis años de prisión.
El médico Juan Carlos Heredia también fue hallado culpable por omitir denunciar la tortura y recibió una condena a cuatro años de cárcel, además de que no podrá ejercer la medicina por ocho años y, como el resto de los castigados, jamás podrá volver a tener un cargo público.
Su colega Mario Humberto Leyría fue el único absuelto de los imputados, ya que no se encontraron pruebas que lo involucren en el delito.
Pero el enfermero Miguel Ángel Carrilao sí fue considerado autor del delito de omisión de denunciar y los jueces le impusieron la pena de 3 años y 6 meses.
En el fallo, de más de 500 páginas, los jueces Grosso, Coscia y Vidal describieron la cadena de sucesos que terminaron con la muerte de Pelozo Iturri y dejaron claro, con las penas, que la tortura no es un hecho casual en las cárceles argentinas, que goza de impunidad, complicidad y hasta, dicen, cierto «sadismo» de los carceleros.
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«Estas prácticas, a no dudarlo, no surgen de ocurrencias ocasionales de algún penitenciario desviado, sino que forman parte de una práctica sistemática y generalizada que, permitida aun tácitamente por las autoridades de las cárceles, generan además, en quien las realiza, cierto sádico placer y una confiada sensación de impunidad en cuanto a que el preso no lo denunciará, sus jefes no lo cuestionarán y, por último, llegado el caso en que el hecho ilícito se conozca, -duele decirlo- las propias autoridades penitenciarias, harán lo necesario para encubrir el hecho o proteger al autor, mientras que la investigación judicial –si llega a dichos estrados- difícilmente avance por la triste decisión (muchas veces) de la propia víctima que, por temor o por sufrir amenazas, desiste de denunciar», escribieron los jueces en la sentencia.
Argentino Pelozo Iturri había sido trasladado desde el penal de Ezeiza hasta la Unidad 9 de Neuquén tres días antes de morir.
Viajó lastimado, esposado y en camión, sin paradas, sin ventilación ni comida y de manera irregular: nadie avisó de la «mudanza» al juez Sergio Delgado, a cargo de su causa, que era quien debía aprobar el cambio de lugar. Tampoco avisaron a los familiares del detenido.
El hombre, de 38 años, había caído por asesinar a un policía 20 años antes. «El Rengo Argentino», como se lo conocía en las cárceles, ya había estado en el penal de Neuquén en 1996.
En condiciones irregulares, el 5 de abril de 2008 volvió a cruzar los barrotes de esa prisión federal y el 8 salió, pero muerto.
La autopsia original decretó «muerte súbita». Pero el hecho nunca terminó de cerrar para los investigadores de la Procuración Penitenciaria Federal (PP). Rodrigo Borda, uno de los abogados del organismo estatal que integró la querella contra los acusados, celebró la decisión del Tribunal de condenarlos.
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«El fallo es un mensaje muy potente contra la práctica aberrante de la tortura.En ese sentido es muy valioso porque desde hace muchos años que la Procuración viene sosteniendo que la tortura es una práctica sistemática y generalizada en nuestro país y la impunidad alienta la reiteración de este tipo de conducta. Por eso una sentencia con esta potencia, con el tono del mensaje de esta resolución, nos parece que es un mensaje muy elocuente de que se acabó la impunidad para los torturadores«, dijo Borda a Infobae, minutos después de la decisión de los jueces.
La historia de la muerte de Pelozo Iturri es una cadena negra de impunidad, omisiones, adulteraciones de la autopsia, aprietes e incluso otra misteriosa muerte antes del juicio iniciado en octubre: la del testigo clave, el único preso que vio cómo mataban a golpes a su compañero de pabellón.
Aquel día de abril en que Pelozo Iturri volvió a Neuquén parecía que lo estaban esperando. Los agentes penitenciarios de Ezeiza lo despidieron con una tremenda golpiza que le lastimó las piernas al punto de que casi no podía caminar.
Los colegas de Neuquén lo recibieron con lo que en la jerga carcelaria se llama «bienvenida»: un combo de tortura apañado por las autoridades que consiste en golpes, patadas y la «bomba de agua», manguerazo de agua helada sobre el cuerpo desnudo del recluso en la intemperie patagónica.
Después fue encerrado en un «buzón» del pabellón 10 de aislamiento y lo sacaron para matarlo 72 horas más tarde, aunque la excusa oficial fue que el detenido tenía un brote psicótico y buscaban «auxiliarlo y salvarle la vida».
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Pero los presos de las celdas contiguas escucharon ruidos: golpes contra un cuerpo, los escudos de los penitenciarios contra el piso y las paredes, bastonazos, arrastres, gritos y la voz del «Rengo Argentino», que suplicaba para que «no me peguen más».
Sin embargo, Vergara, John y Muñiz, que lo fueron a buscar al «buzón», alegaron que los golpes se los infligió él solo contra el piso y las paredes, a pesar de estar esposado, y que luego se cayó de una escalera y se desvaneció en la enfermería.
En el pabellón 11 un detenido vio cómo lo sacaban al pasillo entre «ocho o diez penitenciarios» y declaró que vio cómo lo subían por la escalera hacia la enfermería a los golpes y con bastonazos en el cuello.
«Ese día sentí la presencia de la muerte», dijo en el juicio. Otro preso que aquel 8 de abril recibía visitas en el patio central del penal atestiguó que escuchó a Pelozo Iturri gritar «no me peguen más, me van a matar».
Otro detenido declaró en el juicio que vio cómo el cuerpo de requisa le pegaba bastonazos en la cabeza hasta que lo desmayaron y lo trasladaron «aparentemente inconsciente» a la enfermería, desde donde escuchó «gritos desgarradores de tortura, como si lo estuvieran carneando».
Ese mismo hombre vio salir a Carilleo, quien le comentó a un penitenciario: «Este no jode más».
En la enfermería hubo dos testigos que fueron determinantes para esta sentencia. Uno de ellos reveló que cuando entraron a Pelozo Iturri a él lo sacaron, pero que mientras salía escuchó ruidos de golpes y gritos de dolor.
El otro testigo era el por entonces preso Luis Abella, el hombre más importante del caso. Pero no declaró. Está muerto. Fue asesinado a cuchillazos después de haber entrado en el programa de protección de testigos, en una causa todavía impune, plagada de hechos inconsistentes y misterio, que probablemente ahora se empiece a investigar como una derivación de esta causa.
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«Yo siempre quise que se haga justicia. (A los acusados) los odio con todo mi corazón, me sacaron lo que quise tener siempre», dijo en febrero al portal Infobae Loreley, la hija de Pelozo Iturri. Su deseo fue concedido por los jueces.
«Fue un fallo histórico contra la tortura», consideró el procurador penitenciario adjunto, Ariel Cejas Meliare. La PPN siguió el caso como querellante desde el primer momento, y sus abogados estaban seguros de que no había existido la «muerte súbita» de Pelozo Iturri.
«El tono de la sentencia se evidencia en la magnitud de la pena. El énfasis de los jueces puede ser un punto de inflexión para terminar con estas prácticas en las cárceles de nuestro país. No sólo se condenó a los autores materiales, también se castigó a sus superiores, lo que demuestra que es una práctica arraigada y una rutina de trabajo del personal penitenciario en nuestras cárceles», consideró Borda.
En el juicio quedó claro que la tortura estaba sistematizada en Neuquén al menos desde la última dictadura. Uno de los presos que declararon como testigos en el juicio fue contundente en su testimonio. El hombre estaba detenido allí desde 1979.
«Ni en el régimen militar se usaba la manguera de bombero», ejemplificó para describir el clima que se vivía en la época en que, ahora se sabe, los agentes penitenciarios ejecutaron a Pelozo Iturri.
Fuente: (Infobae)
