La Sala I de la Cámara Criminal y Correcional Federal confirmó el procesamiento con prisión preventiva de Carlos Vicente Soto Dávila, el ex juez federal de Corrientes acusado de proteger a narcos a través de sus fallos, indicaron fuentes judiciales. Soto Dávila, o «el juez piola», como llamaban los narcos a los que presuntamente beneficiaba, fue procesado con prisión preventiva por el juez federal Sergio Torres en diciembre pasado.
El magistrado de Comodoro Py atribuye al correntino el liderazgo de una organización dedicada a dar diferentes beneficios a quienes debía investigar, a cambio de dádivas.
Sin embargo, la detención no pudo ser efectiva hasta mediados de febrero, cuando Soto Dávila renunció a su cargo. Tampoco fue a prisión: Torres le concedió el arresto domiciliario por su salud delicada, con monitoreo electrónico.
«Esta internado por un ACV que tuvo en 2015 y que ésta situación agravó», explicó a este medio en esa oportunidad, el abogado Gonzalo Díaz Cantón.
El magistrado que lo acusa también consideró su edad: 71 años, indica el fallo del Juzgado Federal N°12. “Ayuda del narcotráfico” y otros fallidos de Mauricio Macri en el Congreso
En una presentación escrita, Soto Dávila se defendió indicando que sólo poseía dos bicicletas como único lujo.
El magistrado de Comodoro Py lo procesó como jefe de una asociación ilícita en concurso real con el delito de cohecho pasivo agravado —ocho hechos— en calidad de autor, «ello en concurso ideal con el delito de prevaricato, también en carácter de autor; convirtió la detención ordenada a su respecto en prisión preventiva; y mandó a trabar embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de veinte millones de pesos», detalla el documento judicial.
En la causa en la que interviene la PROCUNAR, a cargo del fiscal Diego Iglesias, también están detenidos dos secretarios del juzgado correntino. Se trata de Pablo Molina y Federico Grau, que cumplen prisión preventiva.
El del correntino, es un caso similar al del ex juez federal de Orán Raúl Reynoso, quien enfrenta un juicio por beneficiar a narcos. En los alegatos, el fiscal de la causa le solicitó 25 años de cárcel.
