Desde el Poder Ejecutivo se dio a conocer en las últimas horas un decreto firmado por el gobernador, Domingo Peppo, que declara la Emergencia Educativa en el ámbito de la provincia por el término de un año.

El documento lleva la fecha del 1 de abril aunque se conoció luego de la instancia de conciliación obligatoria que ayer por la tarde fracasó entre el Ejecutivo y el Frente Gremial Docente.

La emergencia establece que “los actos, talleres docentes, reuniones de persona, y/o toda acción que implique suspensión de actividades escolares y /o áulicas se deberán llevar a cabo fuera del horario de clases y de los establecimientos escolares”.

Suspende además “las comisiones de servicio, relevo de funciones docentes y toda designación que obstaculice el dictado de clases y ponga en riesgo el presupuesto educativo, salvo las que el Ministerio considere”.

Asimismo, el decreto “determina las prioridades pedagógicas y la readecuación de contenidos que fueren necesario, armonizándolas con los recesos que corresponda y en su caso promover el recupero de los días perdidos de clase por huecas”.

Establece también que “el horario escolar de lunes a viernes será de utilización efectiva y exclusiva para el pleno dictado de clases y desarrollo de contenidos curriculares”.

Y, entre otros puntos, ordena “revisar los rubros de inversión y gastos presupuestarios; y la revisión de planes de estudios y proyectos pedagógicos de las instituciones educativas públicas de gestión estatal, privada social y comunitarias”.

CONSIDERANDOS

Entre sus considerandos, el decreto que también lleva las firmas de la ministra de Educación, Marcela Mosqueda, apunta “la necesidad y la urgencia de trabajar en pos de la reconstrucción del sistema educativo que hoy atraviesa una profunda crisis”, con el objetivo de “recomponer cuestiones liminares que hacen al funcionamiento de un régimen que debe dar resultados concretos”.

En otro párrafo, el Ejecutivo advierte que “en años anteriores han existido una gran cantidad de días perdidos por medidas de fuerza llevadas a cabo por los gremios provinciales, por lo que a los fines de evitar que esta situación se repita en el en curso resulta menester que se adopten medidas concretas tendientes a evitar mayores daños a los niños y las familias”.

Entre una larga lista de derechos estipulados en la Constitución Nacional y la Provincial, en acuerdos y tratados internacionales, el documento aclara que “no se pretende soslayar el conflicto” sino que “prima el interés superior del niño a recibir una educación en tiempo y contenidos adecuados”.

“El Estado no puede dejar de realizas las acciones necesarias para superar todo obstáculo que impida el ejercicio al derecho de la educación, y esta actividad debe ser eficazmente implementada a fin de lograr una solución que supere todo impedimento del desarrollo normal del ciclo lectivo y tendiente a evitar que se reiteren las deficiencias del ciclo pasado, que se pueda cumplir con el mismo, así como con la totalidad de días de clases, legalmente fijados, con los chicos aprendiendo dentro de las escuelas y sus docentes enseñando”, indica el decreto.

Para el Gobierno, la situación de conflicto actual se trata sólo de “un grupo de docentes” que “se encuentra en la difícil disyuntiva de tener que optar entre ejercer su derecho con dignidad y sin presiones de ninguna naturaleza, o el de ejercitar su derecho profesional de huelgas con miras a obtener mejores condiciones laborales. Y a ello se suma el dilema ético de tener que elegir entre beneficiar a sus alumnos con el dictado de clases o solidarizarse para con sus compañeros de trabajo, adhiriéndose a la medida de fuerza”.

El decreto sostiene que “esta situación de tensión en que se encuentran repercute sin ligar a duda en la calidad de la educación”.

Y apunta nuevamente contra los docentes: “Al reducirse los días de clases por diferentes medidas en el marco del reclamo salarios, que tienden a ir más allá de un requerimiento del ámbito salarial laboral sino más bien político, o muchas veces sin sentido y de tinte de orgullo personal, los niñas, las niñas y adolescentes de la provincia no reciben la cantidad de días de clases. Ello afecta de manera inmediata en sus conocimientos y preparación, dado por ejemplo resultados muy bajos en sus evaluaciones o estadísticas”.

“Se han hecho esfuerzos considerables para realizar una propuesta económica posible para las arcas provinciales sin comprometer el resto de las obligaciones esenciales del Estado”, asegura el Ejecutivo entre los considerandos de la norma y agrega que la misma, aunque a la fecha de emisión del decreto no se había resulto aún la conciliación con los sindicatos: “Que fue rechazada sin siquiera efectuar desde su lado una propuesta diferente y de posible cumplimiento”.