El ajuste y los constantes aumentos del dólar y la inflación ponen en jaque la vida cotidiana de los argentinos, pero afectan sobre todo a sectores muy sensibles de la salud pública.

Es el caso del sistema de diálisis, donde la situación es dramática: en menos de dos años cerraron 12 centros, sólo en Provincia y Ciudad de Buenos Aires: un 10% del total. Pami, el principal financiador, les adeuda cuatro meses, y desde las asociaciones reclaman la creación de un fondo que evite la suspensión total de las prestaciones.

Hace 20 días dejó de funcionar el centro de diálisis San Bruno, en Cañuelas, adonde asistían 44 pacientes que no pueden discontinuar su tratamiento. Costear el viaje para tratarse en otro centro cercano, por ejemplo el de Tristán Suárez, es cada vez más caro. Y los centros que resisten están abarrotados de pacientes derivados.

En Cañuelas, los vecinos, el municipio y el Concejo Deliberante presentaron un recurso de amparo, proponiendo que se instale el centro de diálisis en un espacio dentro del Hospital Marzetti.

La intendencia  solicitó además que la Provincia garantice la prestación de los servicios y tratamientos, por tener a su cargo la atención primaria de la salud de quienes carecen de cobertura social.

«El gobierno nacional le puso un tope al valor del tratamiento y no lo ha movido en los últimos tiempos. Entre esto y lo que tardan las obras sociales en pagar, el funcionamiento del centro se volvió inviable», asegura Esteban Sarlenga, titular del bloque de Unidad Ciudadana.

En todo el país el sistema de diálisis está colapsado

Desde el Estado (Pami y la Agencia Nacional de Discapacidad, sobre todo) propusieron un aumento del 33% en las prestaciones, bastante inferior a la inflación internanual, y aún más bajo respecto a la devaluación disparada en abril de 2018, para un sector cuyos equipos e insumos están dolarizados: la treintena de agujas, filtros y tubuladuras que usa un centro promedio representan 990 dólares diarios.

Al costo en dólares y la necesidad de cubrir altos cargos de profesionales especializados se suma otra bomba deficitaria: el alza de las tarifas.

Más de 30 mil pacientes realizan 13 tratamientos mensuales de cuatro a seis horas, en los que consumen diariamente unos 200 litros de agua tratada ultrapura.

Un centro del Conurbano con más de 50 pacientes paga por mes 94 mil pesos de agua y otros 45 mil de luz. No cuentan con tarifa social.

«Estamos todos mal. Los centros no pueden pagar los sueldos porque no ingresó dinero. En todo el sistema de salud la situación se deterioró con mayor profundidad desde abril pasado, y la prestación quedó muy atrasada con respecto a lo que debería ser su valor. Eso motivó el cierre de centros de diálisis», remarca el doctor Alfredo Casaliba, presidente de la Asociación Regional de Diálisis y Trasplantes Renales de Capital Federal y Provincia de Buenos Aires (ARD), desde donde alertan «sobre el colapso del sistema de diálisis por la enorme dificultad de sostener estos servicios, lo que pone en riesgo a más de 30 mil pacientes».

El Pami aporta cerca del 40% de los usuarios. «Pero aún no pagaron las prestaciones de enero –se lamenta Casaliba–. Y no podemos bajar la calidad de la prestación, porque el paciente se deteriora. Es dramático».

Pami debe abonar por 11 mil pacientes en todo el país. Sólo con la ARD, su deuda supera los 100 millones de pesos. Y peor aún: lo que pague estará un 50% por debajo de los costos reales de la prestación, y desactualizado respecto del valor del dólar del mes adeudado.

Otro 25% de los pacientes proviene de Incluir Salud, el programa de la Agencia Nacional de Discapacidad que el gobierno de Cambiemos propuso para reemplazar al ex Profe, que dependía del ex Ministerio de Salud.

Ese cambio trajo aparejado recortes en las prestaciones y deudas de más de $ 250 millones que ya en agosto de 2018 generaron suspensiones del servicio para los pacientes de bajos recursos sin cobertura, en 200 centros de diálisis privados, por parte de la Confederación de Asociaciones de Diálisis de la República Argentina (CADRA). La atención nunca volvió a ser la misma.

Darío Zapata, titular de CADRA, fue muy concreto al expresar que «el mayor problema que tenemos es que los financiadores –Pami, Incluir Salud y obras sociales provinciales– no actualizaron los valores de retribución siguiendo la evolución del dólar y la inflación y eso nos creó un desfasaje muy difícil de sostener, por cuanto la mayoría de nuestros insumos son en moneda norteamericana, y los sueldos se ajustaron con la inflación de la misma forma».

El directivo informó que mientras el valor de la sesión se incrementó el 32 por ciento durante 2018, en ese mismo período el dólar superó el 120%, y a modo de ejemplo mencionó que un catéter que cuesta 207 dólares, hace un año lo pagaban 4244 pesos mientras que ahora deben abonar por el mismo producto $ 9276, más del doble.

Y agregó que «otro punto a destacar es el servicio de traslado de los pacientes que las obras sociales han transferido la responsabilidad a los centros de diálisis, prestación totalmente ajena al servicio médico, y que en el último período se vio incrementada sustancialmente con el precio de los combustibles por todos conocido en más de un 75% en el último año, lo que hace insostenible continuar dando este servicio”.

Casaliba resalta que tanto en medios como en políticas públicas se suele poner énfasis en el trasplante renal, «lo cual está muy bien, pero si los pacientes no se pueden dializar no van a acceder al trasplante, y hoy ya hay 6000 en lista de espera».

La propuesta de ARD es que se constituya un fondo similar al de los trasplantes, que se actualiza permanentemente, «y que sirva para mitigar estas incertidumbres de los valores y el dólar, porque el precio lo fija el financiador, y a la economía tampoco la podemos modificar nosotros, lamentablemente”.  «

Del costo en el transporte a los “órganos de cuarta”

«Antes los centros de diálisis tenían una consideración, un reconocimiento de calidad. Se les cubrían extras que tenían los pacientes como el ProHuerta, la radio, la musicoterapia, los ejercicios, todo eso que era rehabilitación en centros de diálisis se perdió y se igualó para abajo», afirma una reconocida médica del Sindicato Unido de Trabajadores y Empleados de Pami (Sutepa).

Acota que «Ioma les está pagando con hasta ocho meses de demora, y encima cuando los centros cierran y los pacientes deben ser derivados a otros más lejanos, no tienen incluido el traslado, establecido por el Programa Médico Obligatorio (PMO); los tendría que pagar el financiador y no sucede».

Y agrega otro dato alarmante: «No hay control sobre la procuración de órganos. Se están consiguiendo órganos de cuarta, porque no hay procuradores definidos, los traslados no están asegurados en condiciones. Al paciente le tenés que dar medicación pretrasplante. Se la das y cuando vas a buscar el órgano, no está en condiciones. Entonces, al final agotaste medicación en pacientes que no van a ser trasplantados».

TRATAMIENTOS

Los centros prestadores de todo el país realizan en promedio 13 intervenciones mensuales de 4 a 6 horas por paciente: son 390 mil tratamientos al mes, con mayoría de equipos y productos importados –que se pagan en dólares–, profesionales altamente capacitados, y que requieren del consumo de miles de litros de agua y permanente uso de energía eléctrica, por lo que también se ven afectados por la suba de tarifas.