Por disposición del gobernador, Domingo Peppo, la ministra de Gobierno, Justicia y Relación con la Comunidad, Jessica Ayala, junto con la directora general de Defensa de la Democracia y el Ciudadano (DDC), Marcela Acquisgrana, se reunieron con el procurador general adjunto Miguel Fonteina y los fiscales Jorge Cáceres Olivera, Héctor Valdivia y Daniela Soledad Meiriño. El objetivo del encuentro fue el de continuar con políticas de protección a las víctimas de violencia en toda la provincia.

En el encuentro se analizó  forma de entrega y funcionamiento de los botones antipánico y proseguir con las acciones en conjunto de todos los entes involucrados,  para no solo contener a las víctimas de forma inmediata; sino también el abordaje de la prevención del hecho y someter a un tratamiento al victimario.
A su vez, la funcionaria explicó: “En el próximo encuentro analizaremos la puesta en funcionamiento de una nueva aplicación de botones de pánico y un convenio a través de la secretaria de transporte. Debido a que las víctimas que vienen desde el interior no poseen los medios para el traslado y de esta manera pueda contar con uno”.

Por su parte, Acquisgrana, indicó: “la reunión fue muy provechosa porque pudimos juntar poder judicial, ejecutivo, la policía del Chaco y una organización de asociación civil. Todos con un mismo objetivo que son las víctimas de violencia de género, también avanzamos en cuestiones técnicas y operativas”.

Aporte de la justicia

El procurador general,  Fonteina, destacó el encuentro al tratarse la temática de violencia de género que preocupa a toda la población del Chaco y la Argentina.
“Este tipo de trabajo en conjunto y articulado que no se ven en otras provincias; vamos a continuar realizando a través de tareas con el poder ejecutivo, poder judicial, el ministerio publico fiscal y las asociaciones civiles para abordar la temática para brindarle mayor seguridad a las víctimas” detalló.

Asimismo, el fiscal Cáceres Olivera aseguró que este tipo de trabajos es importante porque permite realizar un estudio para brindar mejor servicio y un acceso rápido de la justicia a las víctimas.

Finalmente, la agente del Ministerio Público, Daniela Meiriño indicó que este tipo de encuentro aporta a la investigación que realizan los profesionales sobre este tipo de flagelo. “Desde marzo hasta la fecha han ingresado en la fiscalía más de 250 denuncias. Estas acciones empoderan a las víctimas para poder visibilizar este problema y las ayuda a denunciar situaciones que ya padecían hace mucho” concluyó.

Decreto
A través del decreto 3188 de diciembre del año pasado, se aprobó un protocolo de implementación del botón antipánico. El ministerio de Gobierno tiene a su cargo el seguimiento  del dispositivo, entrecruzando datos con las oficinas comprendidas en la materia. Para eso se contacta a la víctima, y se le consulta: si lo tuvo que activar, si está teniendo acompañamiento psicológico, si tiene asesoramiento, si la policía procedió rápido, si tiene algo que decirle a la fiscalía o al juzgado que le ordenó la entrega del botón. Con esa información se prepara un informe y se eleva al juzgado que dispone la medida de protección.