Dos días después de haberse mostrado con Mauricio Macri en un acto, el fiscal incumplió por quinta vez la convocatoria a declarar en la causa por el espionaje ilegal. Su rebeldía genera malestar en Comodoro Py.

El fiscal Carlos Stornelli incumplió a las 10 de la mañana la quinta convocatoria a prestar declaración indagatoria en el juzgado federal de Dolores. La ausencia fue anunciada por su abogado Roberto Ribas, quien justificó el incumplimiento alegando que el expediente que instruye Alejo Ramos Padilla es «una maniobra en contra de la causa de los cuadernos».

Cualquiera sabe que un imputado puede considerar que un juez es parcial, incompetente o lo que fuera –de hecho hay miles de recusaciones–, pero aún así debe presentarse ante la citación del magistrado.

Se ve que Stornelli, alentado por el apoyo del presidente Mauricio Macri, la protección del procurador Eduardo Casal y el calorcito del coro mediático, se siente con espaldas para no ponerse a derecho. En Comodoro Py hay mucha incomodidad con la rebeldía de Stornelli, un fiscal querido por muy pocos hoy en día en el edificio de Retiro.

En una resolución emitida hace una semana, el juez Alejo Ramos le pidió al Procurador la remoción de Stornelli como fiscal y el consecuente desafuero. No parece que el magistrado pueda hacer mucho más porque la Cámara de Mar del Plata le dejó en claro que el fiscal no puede ser detenido, tiene inmunidad de arresto.

Casal, como lo ha hecho desde que Stornelli está en rebeldía, puso en marcha una comisión para que instruya un sumario y resuelva en 60 días. O sea le extendió un cheque de dos meses para que siga rebelde.

 El procurador no ordenó el jury de enjuiciamiento, que podría resolver la destitución de Stornelli y mucho menos hizo alguna declaración pública diciendo, aunque sea, que estaría bueno, sería adecuado, que el fiscal se ponga a derecho.

El único que salió a la cancha fue el integrante de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, quien dijo que cualquier funcionario judicial citado debía presentarse. Fue una clara alusión a Stornelli.

La coalición judicial-mediática-política alineada con Cambiemos se lanzó durante el fin de semana pasado a emitir escuchas ilegales en las que se percibe la voz de dos personas presas, Juan Pablo Schiavi y Roberto Baratta, quienes supuestamente estaban al tanto de que se iba a presentar la denuncia contra el falso abogado Marcelo D’Alessio, entre otros delitos por operar ilegalmente con el fiscal Stornelli. Las escuchas son del 18 y el 19 de enero, o sea diez días después de producida la extorsión, tras una reunión entre D’Alessio y Stornelli, en Pinamar, el 8 de enero.

No hay delito alguno de quienes hablaban por teléfono ni se evidencia que hayan tenido poder de armar nada: el expediente de Dolores no se basa en dibujos sino en las pruebas de extorsión, coacción y armado de pruebas. Incluso durante la semana que termina ahora, Alejo Ramos Padilla, sostuvo que Stornelli no es el centro del expediente sino que en Dolores se investiga una asociación ilícita paraestatal -se perciben vínculos con la Agencia Federal de Inteligencia y dos ministerios- dedicada al espionaje ilegal, las extorsiones y el armado de operaciones políticas y judiciales.

De todas maneras, Stornelli y su abogado usaron la jugarreta de la difusión de los medios para esquivar la citación de este viernes. En un escrito burdo, de escaso nivel, argumentaron que se comprobó el armado de la causa de Dolores y adelantaron que el fiscal no concurriría.

Es más, le pidieron a su juez aliado, Claudio Bonadio, que llame a indagatoria a los protagonistas de las escuchas Schiavi, Baratta, el ex embajador Eduardo Valdés y el ex funcionario Carlos Zelcovicz. En el texto ni siquiera pudieron detallar cuál fue el delito en el que incurrieron.

Por el contrario, los delitos de Stornelli están muy claros y no sólo los expuso el juez Ramos Padilla sino también una Comisión Evaluadora del Ministerio Público. Este viernes debía responder por la coacción al ex gerente de Pdvesa, Gonzalo Brusa Dovat, por la realización de cámaras ocultas ilegales a los abogados José Manuel Ubeira y Javier Landaburu; por el espionaje ilegal al ex marido de su actual pareja y a empresarios uruguayos; por la extorsión e intimidación a Pablo Barreiro; y por su participación en la extorsión contra Pedro Etchebest.

Con su ausencia de este viernes, Stornelli cumple ya 65 días de rebelde. Su problema es que no quiere ser procesado. Sabe que con las evidencias del expediente no podrá esquivar el procesamiento, pero en lugar de apelar a la Cámara y luego a la Casación, como cualquier mortal, eligió el camino de la fuga.