La justicia dictó la prisión preventiva a 11 de los 13 policías detenidos por la llamada Masacre de San Miguel del Monte, en la que murieron cuatro jóvenes y una adolescente resultó herida de gravedad.

En su resolución, a la que tuvo acceso PáginaI12, el juez de La Plata Eduardo Silva Pelossi determinó que sigan en prisión, acusados por “homicidio agravado”, los policías Rubén Alberto García, Leonardo Daniel Ecilape, Manuel Monreal y Mariano Alejandro Ibáñez.

Se dio por acreditado que los cuatro iban en los patrulleros que persiguieron a las cinco víctimas, los fallecidos Danilo, Camila, Gonzalo y Aníbal, y la sobreviviente Rocío.

Desde los móviles se efectuaron los disparos que hirieron a Gonzalo, de 14 años, y luego provocaron que el Fiat 147 Spazio, en el que estaban los cinco jóvenes, se estrellara contra un acoplado estacionado en la colectora de la ruta 3, en la entrada a San Miguel del Monte. El juez sostuvo que lo ocurrido fue “una masacre de niños indefensos”. 

El juez ordenó además la preventiva para los policías Franco Micucci, José Manuel Durán, Nadia Genaro, Melina Bianco y José Alfredo Domínguez por los delitos de “falsedad ideológica de instrumento público agravado, encubrimiento agravado, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público”, por haber sido responsables de una serie de maniobras tendientes a distorsionar la realidad de los hechos y hacerlos aparecer como un simple “accidente de tránsito”.

Por “encubrimiento agravado” le dictaron la preventiva al teniente Héctor Enrique Ángel y al ex secretario de Seguridad del Municipio, Claudio Martínez.

El magistrado no hizo lugar, en cambio, al pedido de prisión preventiva y dejó en libertad “por falta de mérito” a los oficiales de policía Cristian Righero y Juan Gutiérrez, a quienes les dictó la “falta de mérito” por el delito de encubrimiento.

Silva Pelossi tuvo en cuenta las “circunstancias concretas de la existencia de indicios vehementes que los imputados” García, Ecilape, Monreal, Ibañez, Dominguez, Bianco, Martínez, Angel, Durán, Micucci y Genaro “tratarán de eludir la acción de la justicia o entorpecer la investigación”.

El juez evaluó como agravantes “la pluralidad de intervinientes” en el hecho “la nocturnidad, la calidad de funcionarios públicos dotados del deber de resguardar a civiles, el ilícito empleo de armas de fuego, el peligro que ocasionaron a terceros con la persecución inmotivada, la calidad de menores indefensos de cuatro de las víctimas y del adulto”, el conductor del Fiat, Aníbal Suárez,de 22 años.

Todo lo expuesto “hace a una agresión homicida inmotivada –hasta el momento– que da sustento a la calificación” dada al cuádruple homicidio más las lesiones gravísimas por la jueza subrogante Marcela Garmendia, que actuó en la primera etapa del caso. Silva Pelossi recordó que Garmendia calificó lo ocurrido como “una masacre de niños indefensos”.

Respecto de los policías Righero y Gutiérrez, quienes quedaron en libertad, el magistrado aclaró que siguen siendo objeto de investigación. Por su parte, los abogados que representan a las familias informaron que analizan estos dos casos y estimaron que apelarán la decisión del juez. 

En su fallo, Silva Pelossi puso de manifiesto “el compromiso cívico que asumieron los testigos, dado que con sus declaraciones permitieron correr el velo del aparente accidente de tránsito”, del que hablaron con insistencia, durante los dos primeros días, el comisario Micucci, el entonces secretario de Seguridad Claudio Martínez y hasta la propia intendenta de Monte, Sandra Mayol, que hoy es cuestionada por los familiares de las víctimas, que han pedido públicamente su renuncia al cargo.

Respecto de la preventiva al ex funcionario y comisario retirado Martínez, municipal, el juez tuvo en cuenta “la demora en la entrega de los soportes digitales a la Intendenta de San Miguel del Monte siendo que en las primeras horas del suceso ya tenía conocimiento de las ilicitudes perpetradas por los efectivos policiales”.

Según el magistrado, Martínez, cuando ya había visto las imágenes de las cámaras de seguridad en la que surgía evidente la ilicitud del accionar policial “se comunicó con la intendenta a las 3.30 del día del hecho para anoticiarla que ‘había ocurrido un accidente y previo hubo un seguimiento de parte de la policía, y que el hecho no tendría que ver con ese seguimiento’ (sic)”.

En la causa se presentaron decenas de testigos, incluyendo el empleado del Centro de Monitoreo del municipio Alexis Rodríguez, quien fue sancionado por difundir por las redes sociales imágenes que desnudaron la mentira policial.