Las aplicaciones de delivery están en la mira de la Justicia en todo el mundo. Pocas horas después de que los tribunales porteños suspendieran su funcionamiento hasta que las apps regularicen y equipen a sus empleados, en España Glovo sufría una histórica derrota.
El Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Asturias falló a favor de un repartidor y reconoció su «relación laboral con la empresa».
Los «raiders», cómo se los conoce en la península abrieron numerosos pleitos en los tribunales ibéricos, pero el de Asturias es el primero que consigue la sentencia de un tribunal superior.
La próxima y última instancia de la península ante la que podría reclamar Glovo es el Tribunal Supremo de España.
La sentencia se inscribe dentro de otra batalla, que también incluye a la Seguridad Social. Los «falsos autónomos» son los empleados que trabajan para Glovo, Deliveroo y Just Eat, pero que no son reconocidos como contratados por las empresas.
Según consignó el diario El País, en la primera mitad de 2019 el estado español encontró 8000 trabajadores que pueden encuadrarse como «falsos autónomos».
En su sentencia el tribunal asturiano había considerado que «la calificación de los contratos no depende de la denominación que les den las partes contratantes, sino de la configuración efectiva de las obligaciones asumidas en el acuerdo contractual y de las prestaciones que constituyen su objeto».
La Justicia consideró que más allá de que Glovo se posicione como un intermediario entre los repartidores y los clientes, su plataforma es la que permite los intercambios.
«Es impensable que el actor pudiera desempeñar su trabajo transportando comidas entre los restaurantes y los eventuales clientes, en calidad de trabajador autónomo, al margen de la plataforma y con sus solos medios», explicaron en la sentencia.
En abril de este año la Dirección del trabajo había publicado en el boletín oficial español que los «raiders» debían incorporarse el Acuerdo Laboral Estatal de Hostelería.
Los trabajadores habían pasado varios años en un limbo legal, hasta que el Estado decidió encuadrarlos en ese convenio laboral.
En Barcelona Glovo había conseguido algunas sentencias favorables donde se consideraba que los trabajadores eran autónomos, pero hasta ahora se trata de decisiones en primera instancia.
La muerte de un repartidor nepalí de 22 años, atropellado por un camión de la limpieza en mayo pasado, desató cientos de protestas en España.
El joven no tenía papeles y utilizaba el usuario de otro raider de Glovo, algo que resulta muy común en la península.
La empresa prometió hacerse responsable y pagar los 23000 euros que hubieran correspondido de seguro. Sin embargo, representantes sindicales argumentaron que esa cifra es mucho menor a lo que hubiera correspondido si fueran reconocidos como empleados de la compañía.
