La Corte Suprema de Justicia decidió jugar de espectadora en el nuevo escenario político tras las PASO del domingo pasado. El tema que, como cuerpo corporativo, preocupaba a los cinco jueces era el proyecto de ampliación del tribunal, que impulsaba un sector de Cambiemos, cuya cabeza visible es el abogado Fabián «Pepín» Rodríguez Simón.

La mesa chica judicial del actual gobierno buscaba ampliar la cantidad de jueces del máximo tribunal por una razón que parece tener poco de respeto por las instituciones: sus fallos no les gustan.

Cuatro de los cinco jueces de la Corte (el presidente, Carlos Rosenkrantz, aparece en sintonía con el todavía oficialismo) se mostraban intranquilos por esa iniciativa. Pero aun antes de las primarias creyeron leer en la designación de Miguel Ángel Pichetto como candidato a vicepresidente de Mauricio Macri un mensaje tranquilizador. Pichetto tiene aceitadas relaciones en la Corte, especialmente con Ricardo Lorenzetti.

Finalmente, el resultado electoral sepultó, al menos por ahora, cualquier intento de formar nuevas mayorías al estilo menemista, es decir, nombrando más jueces.

Despejada esa situación, la Corte y gran parte de los jueces de tribunales inferiores de todos los fueros apretaron el botón de «pausa». El Observatorio de Corrupción, una suerte de compendio de causas de delitos penales contra funcionarios que publica la página de internet del Poder Judicial, tiene registrados 600 casos.

En ninguno de ellos hubo movimientos significativos (de esos a los que Comodoro Py recurre para meterse en la tapa de los diarios), en por lo menos el último mes. Tampoco la Corte ha tomado en sus acuerdos recientes decisiones de alto impacto, pese a que el volumen de expedientes resueltos semanalmente orilla los 200. Hubo decisiones importantes, pero ninguna de ellas mueve el amperímetro político.

La figura de Alberto Fernández tiene buena recepción en los despachos de los jueces del máximo tribunal. Todavía no hubo llamados, ni visitas, ni mensajeros. Pero en ese ámbito, en el que todos «conocen a alguien que está muy cerca de», ya circulan dos nombres como posibles ministros de Justicia en un eventual nuevo gobierno a partir del 10 de diciembre: Alberto Iribarne, quien ya ocupó esa cartera durante el gobierno de Néstor Kirchner (sucedió justamente a Rosatti) y el consejero de la Magistratura Eduardo «Wado» de Pedro.

Sobre este último, se preguntó cómo sería interpretada por los jueces la designación de un hombre de La Cámpora en Justicia. La respuesta fue: «No sólo algunos periodistas creen, ahora, que La Cámpora no es tan mala».

¿Rosenkrantz seguirá siendo presidente de la Corte? Todo indica que sí, a menos que él mismo decida dar un paso al costado. Tiene mandato hasta el 30 de setiembre de 2021.

Horacio Rosatti, el hombre de mayor manejo interno del tribunal en la actualidad, se ofrece como garantía de esa permanencia. Y Lorenzetti, claro está, aspira a volver a la presidencia, a la que le impuso su impronta durante once años.

 Los tribunales federales de Retiro acusan recibo de un mensaje proveniente del futuro que podría resumirse en dos frases: No habrá revancha. Punto. Cada uno sabe lo que tiene que hacer. Punto.

¿Y qué es lo que tiene que hacer cada uno? El difunto juez de la Corte Enrique Petracchi señalaba que para ser un juez independiente había que traicionar al que lo designó. Tomando como referencia los últimos cuatro años, acaso el verbo no sea «designó» sino «apadrinó, cobijó, impulsó, protegió» y sigue la lista. No se trata sólo de nombres sino de actitudes y, también, de criterios jurídicos.

Por ejemplo la «doctrina Irurzun», que posibilitó la detención de varios exfuncionarios kirchneristas –entre ellos Julio De Vido- porque supuestamente conservaban un poder residual que les permitiría entorpecer las investigaciones por corrupción, tiene destino de derrumbe.

Si no se resuelve antes por otra vía, al menos tres jueces de la Corte ya decidieron que el criterio impuesto por el camarista federal Martín Irurzun no pasará indemne por esa instancia.

El eventual futuro gobierno deberá impulsar medidas que contribuyan a recuperar el respeto de los ciudadanos por el Poder Judicial. La percepción de los tribunales (injusta en honrosos y no muchos casos) como un lugar donde hay de todo menos independencia judicial, concentra la atención.

Todavía lejos en el horizonte asoma un viejo proyecto del primer ministro de Justicia de Néstor Kirchner, Gustavo Béliz, unificar el fuero federal con el ordinario, de manera tal que un juez de instrucción esté habilitado para investigar a un expresidente o a un ministro y uno de Comodoro Py se ocupe de una salidera bancaria. «