La Cámara Federal ordenó avanzar en la causa que investiga la deuda del Correo Argentino
Los jueces Irurzun y Bruglia respaldaron lo actuado por Lijo y le pidieron que determine si la quita acordada con el Estado era abusiva.
La Cámara Federal avaló este miércoles la investigación en la que se encuentra imputado Mauricio Macri y en la que se intenta determinar si el Gobierno firmó un acuerdo «abusivo» con la empresa Correo Argentino S.A. -propiedad de la familia del Presidente- en detrimento del Estado. Este convenio implicaba, para la fiscal del caso, la quita del 98,87% de la deuda.
Los jueces Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia rechazaron un planteo de los abogados del expresidente de Correo, Jaime Cibils Robirosa y el directivo Jaime Leonardo Kleidermacher, los que solicitaron «una excepción de falta de acción por inexistencia de delito», además de la nulidad de las indagatorias y el sobreseimiento de sus defendidos. En este expediente también está acusado el ministro de Defensa, Oscar Aguad, extitular del Enacom.
La fiscal Gabriela Boquín consideró que la deuda actualizada era de $70.163.910.895,10 y que con el acuerdo la familia Macri se beneficiaba con el no pago del 98,87% del monto total, lo que para los abogados de los acusados «es absurdo»; «inédito» y remarcaron «errores conceptuales y jurídicos».
Por su parte, los letrados de los acusados afirman que el valor de la deuda «por cánones oscila entre $528.800.216,35 y $651.321.558,21» por lo que aseguran que la quita rondaría el 44% y el 54,5 por ciento, pero nunca el 98,87%, como sostiene Boquín.
El juez Lijo rechazó el planteo de las defensas y la apelación se resolvió en la Cámara Federal, que este miércoles entendió que debía respaldar la investigación y le solicitó al magistrado que determine si el monto establecido por la fiscal era correcto.
Es que ante este escenario de posiciones cruzadas y posturas diferentes acerca del monto de la deuda, la Cámara solicitó que se realicen los estudios necesarios para aportar claridad al expediente. De esta forma Lijo deberá determinar si el cálculo de la fiscal Boquín es correcto y si la firma Correo Argentino S.A. obtuvo un beneficio millonario durante la gestión de Macri.