Ahora, la norma deberá pasar a la Cámara alta, y si bien no está confirmado la sesión desde distintos bloques anticiparon que podría tratarse el próximo miércoles.

Mientras en los alrededores del Parlamento militantes de organizaciones sociales se manifiestaron por la aprobación, el oficialismo llegó al recinto con la voluntad de dar el debate y los votos para que la iniciativa superara con éxito el trámite legislativo en la Cámara baja y obtener la media sanción.

El proyecto de emergencia alimentaria no fue debatido en comisiones por lo tanto necesitó del voto de los dos tercios de los presentes para poder ser debatido sobre tablas.

«Esta ley reasigna partidas presupuestarias y permite al Estado acelerar la compra de alimentos. Es un plan que plantea poner un piso ante esta situación social difícil», sostuvo el diputado Daniel Arroyo, de Red por Argentina.

Héctor «Toty» Flores, de la Coalición Cívica anticipó que su bloque acompañará la iniciativa, pero recordó que este Gobierno «fue el que más aumentó las partidas sociales» y dijo que «la Argentina sale de esta decadencia trabajando».

A su turno, Carlos Castagnetto del FpV, «este proyecto de ley surge porque el gobierno no quiere ver la realidad de los comedores comunitarios». «Queremos agradecer al oficialismo que nos acompaña en esta media sanción, pero queremos aclarar que este proyecto no es al azar», agregó.

Alcances de la ley de emergencia Alimentaria

La iniciativa que prorroga hasta el 31 de diciembre de 2022 la Emergencia Alimentaria Nacional y que propone aumentar en un 50% las partidas presupuestarias vigentes en 2019 correspondientes a políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición fue consensuada entre los bloques opositores y lleva las firmas de diputados del Frente de Todos, del Bloque Justicialista, del Frente Renovador, de los puntanos de Unidad Justicialista y los misioneros del Frente Renovador de la Concordia.

Además, faculta al jefe de Gabinete a actualizarlas trimestralmente, tomando como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) en el rubro «alimentos y bebidas no alcohólicas» y la de la canasta básica alimentaria que mide el INDEC y habilita al Poder Ejecutivo a «disponer las ampliaciones y las reestructuraciones presupuestarias, y las decisiones administrativas conducentes a un abordaje efectivo de la emergencia alimentaria y nutricional».

Este miércoles, la Oficina de Presupuesto del Congreso emitió un informe sobre el impacto fiscal de la iniciativa en la que determinó que si el incremento se calcula sobre los créditos vigentes al 31 de agosto de los programas identificados el costo ascendería a $10.489 millones. En tanto, si el incremento se calcula sobre los saldos de crédito no ejecutados al 31 de agosto de los programas identificados el costo ascendería a $4.061 millones.