El Senado sancionó por unanimidad la ley de emergencia alimentaria pedida por o los movimientos sociales que obliga aumentar un 50% la ayuda en políticas de alimentación y nutrición, con un costo fiscal estimado en 10 mil millones de pesos según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).

Fue en una sesión de sólo cuatro horas, a la que no asistieron Cristina Kirchner y Miguel Pichetto, hubo un acuerdo previo de todos los bloques para reducir la lista de oradores pero el debate se cerró con un encendido de Luis Naidenoff, jefe del bloque de Cambiemos.

«La pobreza es un problema que excede a una mirada mezquina en el contexto previo al 27 de octubre. La variable inmodificable fueron estos 18 años de emergencia alimentaria y social.

En 2003 había un 34% de los argentinos en situaciones de precariedad o informalidad, el 50% de los chicos no habían terminado la secundaria y uno de cada tres hogares presentaba condiciones de construcción que dejaban mucho que desear».

«Cuando uno asume en default, con cinco tipos de cambio, con una economía cerrada, con socios poco recomendables como Irán y Venezuela, sin margen por te dejaron sin reservas, ¿Cómo financiás un Estado?, se preguntó muy efusivo el jefe de la bancada de Cambiemos. «¡Mentira!», gritó su coterráneo José Mayans, que una hora antes se había enojado por la sesión breve negociada por los líderes de las bancadas.

Los jefes de bloque habían acordado una sesión rápida y sin cruces, pero el radical Naidenoff encendió el debate con críticas al kirchnerismo. Fue la primera sesión después de las primarias.

La ley se aprobó con 61 votos a favor y ninguno en contra y tanta era la celeridad por la sanción que siquiera pasó por comisiones.

Prorroga la emergencia alimentaria decretada por Eduardo Duhalde en 2002 hasta 2022 y obliga al Gobierno aumentar un 50% el plan nacional de protección social, las políticas alimentarias (comedores y merenderos) y el programa Pro Bienestar, que está a cargo del Pami. Según la OPC el crédito vigente para estos programas fue de 20.947 millones de pesos, por lo tanto deberá invertirse la mitad.

Quien sea jefe de Gabinete en enero de 2020 deberá además indexar trimestralmente estas partidas, según la variación más alta entre el Indice de precios al consumidor (IPC) o la canasta básica del Indec. No habrá consenso social capaz de obligarlo a congelar fondos, como sí puede ocurrir con los salarios en paritarias, según las primeras conversaciones entre sindicatos e industriales.

Además,  la ejecución y las transferencias de fondos a las provincias (motivo de queja de los gobernadores) serán auditadas por la Sindicatura General de la Nación (Sigen), una gestión de la diputada massista Carla Pitiot.

En esa Cámara el debate lo aceleró el Movimiento Evita, que tiene un bloque de cuatro miembros y arrastró a las distintas vertientes del peronismo a sesionar el jueves de la semana pasada, pese a que la estrategia de Alberto y Cristina era mantener los recintos cerrados hasta octubre.

Por presión de sus legisladores, Mauricio Macri acepto que la ley se sancione y en tal caso congelará más partidas de obra pública para cumplirla.

 Desde temprano, este miércoles la plaza del Congreso fue copada por militantes de organizaciones sociales como el Evita, la Corriente Clasista y Combativa, la Cpet, Barrios de Pie y el Polo Obrero, los más beneficiadas estos años en el reparto de planes. Pero cuando la sesión finalizó ya no había movimiento alguno.

Naidenoff fue el único oficialista que abrió la boca en la sesión, pese a que el macrista Esteban Bullrich se había anotado en la lista de oradores. Y hubo coincidencia en la oposición en responsabilizar a Mauricio Macri por la crisis financiera que subió los niveles de pobreza de estos años.

«Necesitamos alternativas a las políticas neoliberales. Debemos discutir el modelo económico», pidió la santafesina María de los Ángeles Sacnun, compañera de Cristina.  «Argentina está en default y el 80% por ciento de estos planes son para la Ciudad y la provincia de Buenos Aires. ¿Y el resto del país?», se quejó Mayans.

Los cierres fueron más subidos de tono.  «Estamos ante un hecho político significativo: la carnalidad de la visibilidad del hambre, que incomodan tanto a quienes quieren desplazarse legítimamente, ese sujeto que padece el hambre sería siendo siempre una abstracción», le siguió Marcelo Fuentes, jefe del bloque kirchnerista.

«Los problemas sociales se solucionan con dinero y con políticas acertadas. Necesitamos que se termine la fiesta financiera», sostuvo Carlos Caserio, jefe del bloque del PJ y defendió a los movimientos sociales.

«Las organizaciones no puede vivir con los recursos de la semana pasada. Pero a los pobres no les gusta ser pobres, no poder llevar un plato de comida a su casa.  Cuando hay crisis hay que poner el hombro», exigió. Pareció hablarle a Pichetto, que no estaba para responder. No volvió a ir desde que se convirtió en compañero de fórmula de  Macri.