El Gobierno de Mauricio Macri es investigado en la Justicia por haber montado una red de espionaje ilegal sobre los jueces federales de Comodoro Py y los ministros de la Corte Suprema.
La causa la tramita el juez federal Rodolfo Canicoba Corral, según anticipó el sitio El Destape y salpica a la Afip, a la Unidad de Información Financiera (UIF), a la AFI y al Ministerio de Seguridad.
Como revelaron en la Justicia, el propio Canicoba habría sido espiado y por eso trasladó la parte de la investigación de la que es víctima a la jueza María Servini de Cubría.
En la UIF investigan a su titular, Mariano Federici y a su segunda, María Eugenia Talerico, que milita abiertamente para Macri y fue a apoyarlo a Plaza de Mayo a fines de agosto.
En la AFI los apuntados son Gustavo Arribas y Silvia Majdalani y en la AFIP investigan a una funcionaria que aprieta jueces con el acceso privilegiado a la información fiscal.
Fuentes de la justicia confirmaron que uno de los aparentes espiados es Juan Carlos Maqueda, uno de los jueces de la Corte. En el Poder Judicial advirtieron un notable incremento de ataques de «trolls» contra los jueces de la Corte luego del fallo a favor de las provincias y contra Macri por la rebaja de IVA.
El trolleo se dirigió a los jueces que el Gobierno define como la «mayoría peronista»: Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti. La campaña contra los jueces incluyó ataques y mensajes amenazantes vía Whatsapp que provienen de teléfonos de la India y de Rusia.
La investigación que lleva adelante Canicoba incluye espionajes a jueces federales como Martín Irurzun, Sebastián Casanello, la propia Servini y Daniel Rafecas.
El denominador común de los espionajes a los jueces, según documentos y fuentes que hablaron con El Destape, fueron consultas a la Dirección Nacional de Migraciones desde distintos usuarios en varios organismos públicos.
La mancha de Macri
Este caso confirma el nivel de torpeza de Macri respecto del espionaje, una mancha que arrastra desde su primera gestión en la Ciudad y que nunca se pudo sacar. Son varios capítulos que unen al presidente con el espionaje. Y siempre lo descubrieron.
El primer caso estalló en octubre de 2009 cuando el referente de la comunidad judía, Sergio Burstein denunció penalmente al entonces Jefe de Gobierno por considerar que estaba siendo espiado por una red de espionaje clandestino encabezada por el comisario Jorge «Fino» Palacios, de la Policía Metropolitana.
El seguimiento de Burstein había sido ejecutado por el espía Ciro James, que trabajaba en el ministerio de Educación porteño. A Macri también se lo acusaba de ordenar a esa estructura que espíe a su ex cuñado Néstor Leonardo. Su padre Franco tuvo que salir en su defensa y declaró que había contratado a una empresa norteamericana para seguir a su yerno.
La investigación que lleva adelante Canicoba incluye espionajes a jueces federales como Martín Irurzun, Sebastián Casanello, la propia Servini y Daniel Rafecas.
Ya en la presidencia, luego de que el caso de Juan José Gómez Centurión en la Aduana hiciera explotar el esquema que la AFI tenía con la empresa C3 Consulting de Leonardo Scatturise, surgió la red de espionaje de Marcelo D’Alessio.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, cuyo ministerio también es investigado por Canicoba, había admitido una reunión con D’Alessio, detenido por pedir coimas a empresarios en nombre de fiscal Carlos Stornelli, que instruye en la causa de los cuadernos de la corrupción.
La red de D’Alessio salpicó también a las principales figuras de la Coalición Cívica y a Majdalani. A la «Turca» se la vinculó con los ex comisarios bonaerenses Ricardo Bogoliuk y Aníbal Degastaldi, detenidos por el juez Alejo Ramos Padilla por espiar a Carrió y Cristian Ritondo.
El supremo Rosatti ya había sido espiado, junto al presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, por la red D’Alessio, según confesó el ex agente de la AFI, Rolando «Rolo» Barreiro.
