Tras el fallo de la Corte Suprema, el Ejecutivo Nacional inicia un proceso de devolución a las provincias que judicializaron la cuestión, pero por decreto sumará también a las que no fueron a la Justicia. 

La situación se remonta al 15 de agosto, todavía con los resultados de las elecciones primarias latentes, cuando el gobierno nacional decidió tomar medidas económicas entre las que estuvieron aumento del piso de Ganancias y eliminación del IVA a productos de la canasta básica. 

Eso impactó de lleno en las arcas provinciales, por lo que un grupo de 15 provincias presentaron una medida cautelar a la Corte Suprema de Justicia, tribunal que dispuso que el paquete económico “no puede afectar los fondos de coparticipación”. 

En este contexto, y luego de que la Corte le rechazara un pedido de aclaración que había presentado, el Estado comienza a pagarle la quita a las provincias que judicializaron la cuestión, que son Entre Ríos, San Luis, San Juan, Tucumán, Catamarca, Chubut, La Rioja, Santiago del Estero, Salta, Santa Fe, Formosa, La Pampa, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Misiones. Pero además, también sacará un decreto para hacer que la devolución también llegue a las provincias que no acudieron a la justicia, entre las que está Chaco. 

Cabe destacar que no hay una tabla fija para calcular el monto a devolver. De todas maneras, la Comisión Federal de Impuesto (CFI) tomó en cuenta un estudio de la Oficina de Presupuesto del Congreso, que calcula el impacto en más de 47 mil millones de pesos.

Por su parte, para Chaco significó uno 1300 millones de pesos menos de coparticipación. Si bien Nación comenzará con los pagos, surgirá un nuevo conflicto: el monto.

En este sentido, el ministro de Hacienda de la provincia, Cristian Ocampo, consideró que lo que le tocaría a Chaco es “insignificante”. Es que la devolución que recibiría Chaco sería de unos 60 o 70 millones de pesos, “ni un día de coparticipación”, dijo Ocampo, que agregó “tenemos más de 4.000 millones de pesos en sueldos”.

 Ocampo volvió a considerar como buena decisión no haber recurrido a la Justicia como las otras 15 provincias -todas con gobernadores opositores a la administración nacional- ya que cree que de esta manera el canal de diálogo sigue abierto, mientras que “las provincias que judicializaron no se pueden sentar a hablar”. 

De todas maneras la provincia sí había avanzado en un reclamo administrativo que el propio Peppo, junto a Ocampo, presentó al ministro Hernán Lacunza. “Es un terreno hiper complicado, veo que va para rato”, comentó Ocampo respecto a lo que pagará Nación y agregó que “la Corte no puede hacer mucho más, el gobierno dio una respuesta” y “seguramente las provincias van a reclamar porque no es el monto que esperaban”. 

Por último, Ocampo, que también preside la CFI, ponderó que el espíritu de la comisión es el diálogo “cediendo partes y posiciones para ganar otras”, por lo que confirmó que desde el gobierno provincial comenzarán con las conversaciones para intentar mejorar el monto a recibir.