El reciente caso de una joven de 19 años con retraso mental de la localidad de Lapachito que habría sido violada por su tío y cuya denuncia fuera presentada por su madre, impacta debido a que desde un primero momento, tanto la víctima como su progenitora manifestaron que se aplique el protocolo de interrupción del embarazo, pero ahora habrían dado marcha atrás a su decisión.

El caso cayó en la Fiscalía Nº 5 a cargo de la doctora María Villalba, que, luego de haber tenido en sus manos las declaraciones ambas, envió un oficio al hospital Perrando, (donde se encuentra internada), para que, en caso de que se continúe con el protocolo de interrupción del embarazo, se preserven las pruebas pertinentes para luego realizar un ADN.

“En ningún momento ordené que se le practique un aborto porque no estoy facultada para hacerlo, solamente envié ese oficio a fin de resguardar las pruebas de ADN”, aclaró, debido a que la madre de la víctima había malinterpretado esto y pensaba que se la estaba obligando a abortar.

La joven de 19 años habló ante los psicólogos del Poder Judicial, quienes concluyeron que estaba en condiciones de declarar, a pesar del retraso que padece.

El día que se le tomó la declaración, ella voluntariamente dijo que quería abortar.

“Lo que hice fue enviar un oficio de la declaración testimonial de la chica y el informe de los psicólogos para que, en el caso de que procesa a aplicar el protocolo de interrupción legal del embarazo, informen inmediatamente para enviar un médico forense y una biológica y resguardar las pruebas de ADN”, reiteró Villalba, debido a que cuando está embarazada no se puede invadir el vientre materno.

No obstante, esta mañana, habría cambiado de decisión y pretendería continuar con el curso del embarazo.

Mientras el acusado se encuentra detenido, ahora habrá que esperar a que el bebé nazca para que se le pueda realizar un examen de ADN. Cabe mencionar que la joven cursa un embarazo de aproximadamente tres semanas.

Como es el protocolo

El protocolo para la interrupción legal del embarazo dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y a la cual adhirió la provincia del Chaco, establece que una mujer puede solicitar que se le practique un aborto solamente con su declaración y sin alguna otra prueba.

La fiscal Villalba aclaró que ante estos casos de denuncias, siempre se antepone el principio de creerle a la víctima.

“Una mujer que formula una denuncia en contra de una persona, de un masculino, tiene que someterse a todo el protocolo, a la burocracia y por más que evitemos la revictimización, pasa por todo esto, por las pruebas que se le realizan en el hospital, ella cuenta su historia en la denuncia, después va a la Justicia, y me pregunto ¿qué mujer inventaría una cosa así, si después se tiene que estar sometiendo a todo esto?” recalcó.