l presidente Mauricio Macri se le presentó un dolor de cabeza imprevisto en un área que le interesa mucho: la política internacional. 

Desde una oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos remitieron una nota en la que piden explicaciones acerca de denuncias de abusos e intromisiones en el poder judicial.

La oficina del Alto Comisiando de Naciones Unidas está encabeza por la ex presidenta chilena Michelle Bachelet, quien hace unos meses condenó las violaciones a los derechos humanos del presidente venezolano Nicolás Maduro.

El Gobierno de Macri celebró aquel informe sobre todo porque estaba firmado por una ex aliada política de Maduro y con renombrada trayectoria. Ahora, el tiempo corre y deberán responder en menos de 60 días para que el informe final no afecte la imagen internacional que busca dar Macri.  

El informe está firmado por Diego García-Sayán, relator especial sobre la independencia de los magistrados y abogados y enumera una serie de hechos fueron noticia en argentina a lo largo del mandato de Macri y que comienza con la utilización del Consejo de la Magistratura para presionar a los jueces a través de la comisión de disciplina, una herramienta de coacción constante desde la reforma constitucional de 1994, pero que ahora cobrará relevancia internacional. 

El resto de los hechos denunciados son:

– La designación de dos jueces en la Corte Suprema por decreto (en referencia Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti).
– Ataque a la Procuradora General de la Nación (Alejandra Gils Carbó).
– Designación «ilegal» del juez Cullota en el juzgado electoral de La Plata.
– Designación «ilegal» del juez Carlos Mahíques en la Cámara Federal de Casación Penal.
– Designación «Ilegal» del juez Leopoldo Bruglia en la Cámara Federal de Apelaciones.
– Ataques a jueces y abogados del fuero laboral.
– Manipulación de fiscales en la causa Correo.
– Ataque al juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla (Causa D’Alessio).

En el tramo final del documento, se le solicita al Gobierno de Mauricio Macri, a través del Canciller Jorge Faurie que pueden responder todos los puntos, uno por uno, y hacer las aclaraciones pertinentes, en un plazo máximo de 60 días y que esas respuestas estarán incluidas en el informe final que se elevará al Consejo de Derechos Humanos. 

En 60 días Macri ya no será presidente, ahora habrá que ver si desde su administración deciden responder esta solicitud o pasarla para la administración de Alberto Fernández.