Este martes, desde la Unión de Trabajadores Judiciales del Chaco expresaron su malestar ante la situación laboral en que se encuentran, apuntando directamente a la gestión saliente del gobernador Domingo Peppo.
“Peppo está despidiéndose del cargo de gobernador para el cual lo eligió el pueblo chaqueño. Para el trabajador judicial, fue la peor de las gestiones desde el regreso a la democracia; ejerció el poder de manera autoritaria, imponiendo aumentos en negro y por debajo de la inflación de cada año, con decretos, como en pasadas épocas nefastas de nuestro país, sin respetar la Constitución Provincial y la ley Nº468-A, conocida como ley de porcentualidad; beneficiando en los últimos años con un 115% más de adicionales a jueces y secretarios, sin trasladarlo al resto de los trabajadores que sostienen el servicio de justicia”, describieron.
“Esta situación se ve avalada con constantes aprietes de algunos magistrados y funcionarios, molestos por las legales medidas de fuerza a las que se adhieren los trabajadores.
En horario vespertino, en el cual no pagan horas extras, el trabajador se capacita, estudia expedientes, redacta sentencias, resoluciones, oficios, cédulas, mandamientos, etcétera, para que luego los superiores solo las lean y firmen. Al no concurrir el trabajador a cumplir con esas tareas en horario vespertino, en muchos sectores, se resiente el servicio de justicia y molesta a quienes ven caer sus números en las estadísticas con las que rinden cuentas”, detallaron.
Asimismo, indicaron que el gobernador saliente les “negó derechos básicos, en especial a los miembros de Comisión Directiva de la Unión de Trabajadores Judiciales del Chaco, a quienes en estos últimos tres años no nos recibió y ni siquiera contestó a nuestros innumerables pedidos de audiencia”, manifestaron.
“Nos negó derechos fundamentales como el de peticionar ante las autoridades o el de paritarias, olvidándose de pactos preexistentes, violando nuestra Ley salarial, con beneficios únicamente para los jueces y secretarios, y por el costado imponiendo pagos de sumas fijas y en negro en concepto de reconocimiento, pervirtiendo y torciendo el derecho a un sueldo acorde a su cargo o función de cada uno de los integrantes del escalafón judicial, mal aconsejado quizás por sus asesores o ministros, quienes se involucraron de lleno en graves hechos de corrupción, que también salpican a su persona y generan suspicacias sobre los motivos de la diferenciación salarial impuesta”, remarcaron.
Por último, pidieron y esperan que en la Legislatura, los diputados actuales o los que asuman, “puedan resolver todos los problemas que Peppo y sus asesores nos trajeron sin habérselos pedido, nuestra Constitución así lo ordena, todo aumento salarial debe ser dado por Ley y respetar la porcentualidad de nuestra Ley”.
“En caso de que no lo resuelvan, su nombre y apellido, así como el del gobernador saliente y el de sus ministros firmantes, van a figurar en las demandas que se iniciarán contra los decretos que impusieron estos últimos años, para que el pueblo chaqueño sepa quiénes son los verdaderos responsables de una nueva deuda con trabajadores judiciales”, concluyeron.
