El gobernador Jorge Capitanich, junto a la vicegobernadora Analía Rach y la ministra de Desarrollo Social María Pía Chiacchio Cavana, presentó este lunes el Consejo Provincial de Políticas Sociales, que será el ámbito de discusión, planificación, ejecución y control de políticas sociales en conjunto con los municipios. “El desafío es trabajar juntos para que entre todos y todas garanticemos los derechos de nuestra comunidad, construyendo una provincia más justa y equitativa”, señaló.

De esta manera, el gobierno avanza en la concreción del Plan Chaco 2030 que plantea la descentralización ejecutiva y financiera para la implementación de políticas en territorio. Por ello, la presentación del Consejo se desarrolló en Presidencia Roque Sáenz Peña, como muestra de la federalización de las políticas públicas.

El consejo funcionará como una mesa de diálogo, que se reunirá cada 60 días en diversos puntos de la provincia, donde el gobierno expondrá los programas sociales que serán evaluados y controlados por los diversos municipios. “Para disminuir las diferencias entre las regiones chaqueñas es clave la movilización de los recursos productivos locales”, indicó el mandatario.

El objetivo del órgano es mejorar la calidad de vida de la población, colaborar en el diseño y la gestión de los programas sectoriales y locales de desarrollo humano, impulsar planes de acción territoriales con los distintos sectores de la sociedad, y mejorar la eficiencia social, territorial y económica de las inversiones. “La política social debe propender a diseñar, ejecutar y evaluar un modelo de intervención estatal destinado a reducir pobreza estructural y por ingresos”, destacó.

El Consejo trabajará sobre tres ejes: inclusión y equidad social, desarrollo humano y redistribución de ingresos. Los primeros permitirán un piso básico de ingresos a la población a través del sistema de seguridad social o políticas sociales. “Las transferencias sociales directas elevan ineludiblemente el ingreso de las familias para mejorar su calidad de vida”, subrayó.

Para alcanzar inclusión y equidad social se llevará a cabo una unificación de los ingresos por transferencias sociales directas, para lo cual se cruzarán las bases de datos de cada persona. “Tenemos mucha dispersión de programas sociales y necesitamos identificar a aquellos y aquellas que más lo necesitan para que tengan acceso a políticas sociales universales que vayan desde una tarifa social, un programa sanitario, educativo y deportivo, todo ello con un seguimiento exhaustivo por parte del Gobierno”, detalló.

Para el desarrollo humano se toman en cuenta las condiciones integrales de habitad de las personas, esto es el acceso a una vivienda digna que cuente con la infraestructura básica (ripio, alumbrado público, cloacas, veredas, arbolado). Además se contempla el acceso al sistema educativo de una persona, la posibilidad de acceder a un empleo formal, es decir, todo lo que posibilite el ascenso social de una familia.

Para el tercer eje que plantea la redistribución de ingresos, se trabajará en las asimetrías existentes entre trabajadores y empresarios, entre las diferencias del valor del trabajo según la localidad y, por último, la diferencia que se da en torno a la edad de la y el trabajador.

Para la regionalización de las políticas, la provincia será dividida en diez microrregiones para un mejor reordenamiento territorial. Cada una de ellas contará sus respectivas direcciones donde se trabajarán las políticas públicas territoriales.

“La construcción es con todas y todos, es una combinación de políticas nacionales, provinciales y municipales que garantizarán el acceso a la educación, a la salud, a un trabajo formal, a una vivienda digna, a servicios de infraestructuras básicas que mejorarán la calidad de vida de cada chaqueño y chaqueña”, enfatizó el mandatario.

Un país con todas y todos

“Trabajamos para tener un modelo de intervención que reduzca la pobreza estructural y por ingreso”, remarcó el gobernador tras indicar que para lograr dicha meta es imprescindible el trabajo con Nación. En ese sentido adelantó que el 6 de enero visitará el Chaco el ministro de Desarrollo Social de la Nación Daniel Arroyo para presentar la tarjeta alimentaria.

En Chaco se distribuirán, a partir del 20 de enero, 66.500 tarjetas, que generarán un ingreso anual que alcanzará los 3.600 millones de pesos y garantizará el acceso a la canasta básica y alimentación saludable. Para su aplicación, la Provincia promoverá una red de productores locales que proteja el poder adquisitivo de beneficiarios y promueva la comercialización de la producción chaqueña.

Para ello se trabaja en un control social y estatal de precios y codificación de los alimentos consumidos. “El objetivo es que la aplicación sea equitativa social y territorialmente, con el fin de generar desarrollo de la economía popular, entendiendo a la autogestión como una salida a la desocupación y mejoramiento de los ingresos familiares”, explicó.

Participaron de la presentación las ministras de Salud Paola Benítez y de Educación Daniela Torrente; el ministro de Producción, Industria y Empleo Sebastián Liftón; el secretario de Municipios, Rodrigo Ocampo; el secretario de Economía Social, Osvaldo Chiaramonte. Además de subsecretarios y subsecretarias del Ministerio de Desarrollo Social, responsables del área de Desarrollo Social de los Municipios y del sector académico y más de 50 intendentes diferentes signos políticos.

Acciones prioritarias

Los programas y acciones sociales a implementar se diagramarán a partir de un sistema de información estadística que refleje los indicadores sociales de la provincia y permita identificar los principales problemas y demandas de la comunidad.

A partir de ello, se elaborarán programas de acción en las cuestiones prioritarias: asistencia alimentaria, promoviendo la economía popular y la agricultura familiar; atención de personas en situación de calle, promoviendo acciones para su inserción social y laboral; abordaje de la violencia en todas sus formas y asistencia integral a víctimas; programas de empleo y desarrollo productivo; educación sexual integral y puesta en marcha del programa de renta mínima progresiva, entre otros ejes.

Entre las acciones prioritarias estará el sistema de información estadística de base social, que permita realizar un censo provincial para verificar objetivamente indicadores sociales sensibles. “Necesitamos que los indicadores sean precisos e incuestionable y para ello deben participar todos los sectores, que sepamos desde donde partimos y hacia dónde vamos”, señaló.

Otras de las acciones será el desarrollo del programa de seguridad y soberanía alimentaria, para lo cual se pondrá en marcha el Consejo Provincial de Lucha Contra el Hambre, Pobreza e Indigencia, con el objeto de complementar asistencia alimentaria en hogares de acuerdo a la estructura de ingresos, para lo cual será clave la implementación de la tarjeta alimentaria.

Otra de las acciones que detalló el gobernador es la atención a las personas en situación de calle para la cual se creará un Consejo provincial de Abordaje, con el objeto de brindar acompañamiento, asistencia e implementar estrategias de inserción social y laboral. Además se trabajará en el tratamiento de consumos problemáticos en tres estadios: prevención, recuperación e inserción, con intervención del área de salud mental, sistema educativo y desarrollo social.

El gobernador también señaló como prioritarias acciones para fortalecer del sistema de protección integral de derechos de niños, niñas y adolescentes, detectando factores de riesgo de vulneración de sus derechos. Para lo cual se promoverán estrategias de intervención estatal que mejoren la atención y asistencia de 48 centros de integración de fortalecimiento familiar (CIFF), nueve espacios convivenciales alternativos (ECA), 28 residencias de personas adultas mayores (RAM), 10 residencias juveniles, una residencia universitaria.

Además, se creará el Consejo Provincial que propondrá Asistencia de Acompañamiento para personas que sufren violencias con dispositivo de Refugios para Víctimas. Una de las acciones prioritarias será la educación sexual integral, con el objeto de reducir y abordar el problema del embarazo adolescente y prevenir situaciones que pongan en peligro su integridad física y sexual. “No vamos a ir en contra de la voluntad de nadie pero si vamos a suministrar la información correcta para la toma de decisiones correctas”, explicó.

De igual manera se trabajará en la promoción y protección de derechos de personas adultas mayores, con el objeto de revalorizar su experiencia y generar las condiciones para la mejor calidad de vida. Para ello se creará un Consejo especial y se fortalecerá la Línea 108 a través de un Programa Provincial de Prevención y Asistencia que incluirá el desarrollo de actividades socio-preventivas, recreativas y culturales, mediante centros y clubes de día.

La promoción del empleo será una de las políticas prioritarias transversales. “Vamos a poner mucho énfasis en el desarrollo de proyectos productivos y economía del conocimiento, a través de un sistema de servicios comunitarios para adolescentes y jóvenes desde los 16 años”, expresó.

Dentro de las diez acciones prioritarias está la creación del programa Renta Mínima Progresiva de base universal para mejorar la calidad de vida de los sectores de menores ingresos que implicará como contraprestación la certificación del plan de vacunación, de escolaridad y de trabajo. “Buscaremos generar empleos de calidad, abordando el problema de la informalidad laboral, promoveremos préstamos no bancarios, para el acceso a bienes de capital, herramientas e insumos”, detalló.

Activa participación de los municipios

La ministra de Desarrollo Social María Pía Chiacchio Cavana destacó la importancia del Consejo Provincial de Política Social como espacio propicio para el intercambio de ideas y discusión de cada uno de los programas que se implementarán en terreno. “Pretendemos diseñar la política pública entre todos y todas, con una participación activa de los municipios, a fin de identificar las prioridades de gestión en materia de desarrollo social”, dijo.

En ese sentido la funcionaria aseguró que las puertas de la cartera social están abiertas a todos los municipios. “Ustedes son fundamentales en la construcción de políticas sociales de inclusión y equidad porque conocen más que nadie la realidad de sus comunidades”, dijo Chiacchio Cavana en un mensaje dirigido a las y los intendentes.

Por otro lado, comentó que para iniciar el trabajo del Consejo se partió de un diagnóstico de la situación social de la provincia, elaborado a partir de datos del Indec. Se trata de un instrumento para comenzar a trabajar y reconocer los problemas sociales, que se perfeccionará con la creación del Sistema de Información Estadística que relevará los indicadores sociales de la provincia.

“Desde el Gobierno queremos garantizar la plena efectividad de los derechos sociales, del sistema de protección integral de derechos de niños, niñas y adolescentes, de mujeres, de personas con discapacidad y de personas adultas mayores, además de erradicar la violencia en todas sus formas”, subrayó la ministra en referencia el objetivo central que subyace a la propuesta de creación del Consejo Provincial de Políticas Sociales.