El Gobierno interino Jeanine Áñez declaró personas no gratas a los representantes diplomáticos de España y Bolivia y les dio 72 horas para dejar el país, acusándolos de un presunto plan para sacar de Bolivia a ex funcionarios de Evo Morales.
«Este grupo de representantes de los Gobiernos de México y España ha lesionado gravemente la soberanía del pueblo y del Gobierno constitucional de Bolivia», aseguró la presidenta interina, en una escalada del conflicto con los gobiernos de Manuel López Obrador y Pedro Sánchez. Este último anunció una represalia espejo y expulsó a tres representantes de Bolivia en España (ver documento).
Entre los expulsados por Áñez destacan la embajadora de México, María Teresa Mercado; la encargada de Negocios de la embajada española, Cristina Borreguero; y el cónsul español, Álvaro Fernández de España. «Este grupo de representantes de los Gobiernos de México y España ha lesionado gravemente la soberanía del pueblo y del Gobierno constitucional de Bolivia», afirmó Áñez.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) mexicana, encabezada por el canciller Marcelo Ebrard, ya notificó que la diplomática regresaría a su país con el fin de resguardar su seguridad e integridad.
La medida llega después de que Bolivia denunciara el viernes que funcionarios de la Embajada española acudieron acompañados de «encapuchados» a la residencia de Mercado, que acoge a varios ex funcionarios de Evo Morales acusados de terrorismo y otros delitos.
El Gobierno denunció que intentaron ingresar de forma «clandestina» con el fin de sacar del país a los ex funcionarios, que esperan un salvoconducto que les permita cumplir el asilo en México.
Tras el anuncio de Áñez, la canciller Karen Longaric dijo que la medida «no implica la ruptura de las relaciones diplomáticas» ni con México ni España.
Se trata -señaló- de una exigencia para que esos gobiernos acrediten a nuevos funcionarios que sustituyan a aquellos que «violaron la soberanía e irrespetaron las normas bolivianas». Longaric precisó que no existía «ninguna otra posibilidad sino la de aplicar la Convención de Viena y pedir que se los retire del territorio boliviano».
En los últimos, el gobierno mexicano reveló la presencia inusitada de elementos de seguridad en las afueras de su representación, lo que fue considerado un «asedio» y denunciado ante la Corte Internacional de Justicia.
En cuanto a España, el gobierno de Sánchez alertó el fin de semana a los viajeros sobre los «riesgos» de viajar al país latinoamericano. Sobre el episodio con los diplomáticos, el Ministerio de Asuntos Exteriores señaló el sábado que la visita «era exclusivamente de cortesía» y rechazó «rotundamente» que «pudiera tener como objeto facilitar la salida de las personas que se encuentran asiladas en aquellas dependencias».
Pero este lunes reaccionó de manera drástica al anuncio de Áñez. «En reciprocidad al gesto hostil del Gobierno interino de Bolivia de declarar como persona non grata a dos diplomáticos españoles, España ha decidido, a su vez, declarar persona non grata a tres miembros del personal diplomático y consular boliviano acreditado en nuestro país y darles un plazo de 72 horas para abandonar España», ha anunciado Moncloa en un comunicado. Los diplomáticos bolivianos expulsados son Luis Quispe Condori, Encargado de Negocios; Marcelo Vargas Barral, Agregado Militar; y Orso Fernando Oblitas Siles, Agregado Policial.
El Gobierno español (que desde hace días temía una escalada del conflicto) tilda las acusaciones de Bolivia de «falsas teorías conspiratorias» y lo considera «una calumnia dirigida a dañar nuestras relaciones bilaterales». «En este sentido, España exige que el actual gobierno interino de Bolivia reconduzca y desescale los contenidos de sus afirmaciones y se recupere cuanto antes el buen sentido de confianza y cooperación entre nuestros dos países, tan necesario ahora como siempre».
