La decisión se funda en la política de Estado del gobierno para contribuir con el restablecimiento de la verdad, la memoria y la justicia, y forma parte integral de la política reparatoria hacia los pueblos originarios en particular y del pueblo chaqueño en general.

Al cumplirse 12 años de que el gobernador Jorge Capitanich pidió perdón en nombre del Estado a los pueblos originarios por las masacres cometidas en la historia provincial, la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros se constituye en querellante en el Juicio por la verdad que declara a la Masacre de Napalpí como delito de Lesa Humanidad.

Actualmente, la causa se encuentra en etapa de instrucción de oficio y es llevada adelante por la Fiscalía Federal. Tras la investigación que lleva adelante el Equipo de Antropología Forense, la fiscalía requerirá al juez la apertura de un juicio por la verdad, en el que la Secretaría de Derechos Humanos actuará como querellante.

“Es necesario profundizar la perspectiva decolonial en materia de derechos humanos, promoviendo y acompañando las demandas históricas de justicia por los crímenes perpetrados contra las comunidades originarias, a través de la tramitación de las causas por las vías adecuadas para el conocimiento de la verdad de los hechos”, dijo la secretaria de Derechos Humanos y Géneros, Silvana Pérez.

El 16 de enero de 2008, en la plaza central de Machagai, el Gobierno del Chaco a cargo de Jorge Capitanich, reconocía el rol genocida que tuvo el Estado masacrando ferozmente a sus pueblos originarios. En aquella ocasión se realizó un homenaje a Melitona Enrique, sobreviviente de lo que se conoce como la Masacre de Napalpí.

“No basta con mirar hacia atrás. Hoy en nombre del Estado del Chaco pido perdón por los crímenes de lesa humanidad que el 19 de julio de 1924 cometió el gobierno del entonces Territorio Nacional”, decía Capitanich aquel día, en un acto de reparación y reconocimiento a los pueblos, en el mismo territorio donde 83 años antes las fuerzas policiales reprimieron ferozmente una huelga en la que las comunidades Qom y Moqoit pedían condiciones dignas de trabajo.

Del pedido de perdón a la constitución en querellante

La importancia de la constitución en querellante por parte del Poder Ejecutivo de la provincia en el juicio por la verdad acerca de los crímenes de lesa humanidad cometidos en Napalpí, radica en la profundización de la política de Estado del gobierno chaqueño de contribuir en el restablecimiento de la verdad, la memoria y la justicia. Esto forma parte integral de la política reparatoria hacia los pueblos originarios en particular y del pueblo chaqueño en general.

Por su parte, Juan Chico, representante de la Fundación Napalpí que viene llevando adelante extensas investigaciones sobre lo ocurrido en julio de 1924, sostuvo que los crímenes cometidos desde el Estado Nacional contra los pueblos indígenas no deben quedar impunes.

Es así que la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros en representación del Estado Provincial, toma la decisión política de asegurar que memoria, verdad y justicia sean una realidad efectiva para los pueblos originarios. 

La investigación en la Justicia

En 2014 la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía Federal actuó de oficio, a través del Federico Carniel, Carlos Amad, Patricio Sabadini y Diego Vigay, iniciando la investigación sobre los hechos ocurridos durante la Masacre de Napalpí. Dicho trabajo cuenta con testimonios de sobrevivientes como Pedro Balquinta, Rosa Grilo, y los hijos de los sobrevivientes Melitona Enrique, Rosa Chara y Enrique Lacori.

A su vez, se incorporaron trabajos de investigación sobre la Masacre de Napalpí y el Genocidio Indígena, recortes periodísticos de la época, legajos de efectivos de la Policía Nacional de Territorios Nacionales, informes y documentación del Ministerio del Interior y de Defensa de la Nación, del Archivo del Congreso Nacional, del Archivo Histórico del Chaco, del Superior Tribunal del Chaco y del Aeroclub Chaco.

En septiembre de 2019, por pedido de la Fiscalía Federal, el Equipo de Antropología Forense (E.A.A.F) inició excavaciones en el lote 39 de Colonia Aborigen Chaco, lugar donde los testimonios indicaron que habían sido depositados los cuerpos en fosas comunes luego de la Masacre. Con las excavaciones, que aún están en curso, se daría por concluida la investigación y la fiscalía requerirá al juez la apertura de un juicio por la verdad.