Si bien la justicia federal le otorgó el beneficio de detención domiciliaria, aun pesa sobre el exfuncionario provincial la medida de prisión preventiva del fuero provincial.

El procurador General de la Provincia, Jorge Canteros, aclaró la justicia provincial debe definir si el exsecretario de la Gobernación de la Provincia, Horacio Rey, será trasladado de la U7 a la Alcaidía de Resistencia hasta que se analice su situación procesal en el marco de la causa que investiga los presuntos delitos precedentes, que luego derivaron en el supuesto lavado de dinero a cargo del fuero federal, y por la cual también le pesa una prisión preventiva dictada.

En contacto con Diario Chaco, el procurador general manifestó que en el ámbito de la justicia provincial aún no hay ninguna presentación que solicite la domiciliaria. «Si se presenta, será analizado por el equipo fiscal especial y la señora Juez de Garantías Rosalía Zozzoli», manifestó al respecto.

De esta manera se demora la efectivización de la prisión domiciliaria, con monitoreo electrónico, dictada por la justicia federal para el exfuncionario que lleva casi dos años preso por los delitos asociación ilícita, violación de deberes de funcionarios públicos, negociación incompatible, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos.

“La justicia federal dispuso la presión domiciliario de Rey y ahora la justicia provincial debe resolver, mientras se define su prisión domiciliaria, si lo lleva a un establecimiento provincial”, indicó Canteros en declaraciones a radio Libertad.

En ese sentido, recordó que la causa ‘Lavado 1’ está dividida en dos, “en la parte que investiga el fuero federal y la otra el provincial, una por lavado de dinero y otra por incumplimiento de funcionario público”.

Sobre la medida dictada por la jueza federal Zunilda Niremperger, a cargo del Juzgado Federal N° de Resistencia, expresó: “Nos tomó de sorpresa pero era algo que sabíamos que se estaba gestando”.

En esa línea, indicó “la causa la provincial, conocida como Fapo, vinculada al manejo de la pauta publicitaria y que la prensa denominó ‘Lavado I’, se encuentra con requerimiento de elevación a juicio desde la última semana de junio del año pasado”.

Y adelantó que “esta causa tendría que estar con audiencia fijada de juicio oral y público en este febrero o marzo, a más tardar porque ese debate oral y público es lo que transparenta todo este proceso de investigación penal preparatorio”.

“No llega a juico porque todos los defensores técnicos han articulado todos los recursos procesales a su alcance para oponerse a cada medida dictada por el equipo fiscal especial y en particular al requerimiento de elevación a juicio”, sostuvo Canteros sobre las dilaciones judiciales. No obstante, aclaró que “estos entorpecimientos de la actividad judicial por parte de los defensores técnicos es algo que está previsto en nuestro ordenamiento procesal”. Y adelantó que “entre 10 y 20 días puede demorar las decisiones definitivas”.q

Recordó además que son 16 los imputados en la causa, de los cuales 14 estuvieron detenidos y hoy solo cuatro permanecen tras las rejas: Horacio Rey, Paulo Buticce, Carlos Osuna y Miguel Ángel Vilta.

“Tenemos también la responsabilidad de agilizar al máximo este tipo de causas porque la prisión preventiva es un instrumento que está establecido por ordenamiento procesal para garantizar la libertad de trabajo de los fiscales en el inicio de la causa”, explicó el procurador.

En esa línea, recordó que “estas cuatro personas que hoy están privadas de su libertad están a punto de cumplir dos años detenidos, que es el máximo previsto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en mazo se vencería ese plazo”.

“También existe una responsabilidad del Poder Judicial de llevar a juicio oral y público esta causa, que realmente las personas sean condenadas o absueltas según se pruebe en el juicio”, concluyó.