El presidente ultraderechista de Filipinas, Rodrigo Duterte, llevó al límite sus estrictas medidas de aislamiento por la pandemia del coronavirus: ordenó a las fuerzas de seguridad que “disparen a matar” a las personas que violen la cuarentena. Hasta el director general de la Policía, Arche Gamboa, se negó a seguir las recomendaciones de Duterte por considerar que se trataba de un “fuerte mensaje” que no era necesario tomar al pie de la letra.

El cierre de gran parte del país, incluida su capital, Manila, llevó a un gran grupo de personas proveniente de los barrios más pobres de la ciudad a reclamar medidas concretas de apoyo al gobierno nacional desde el comienzo de la cuarentena. «Muerto. A cambio de causar problemas, te enviaré a la tumba», fue la respuesta de Duterte a la veintena de personas de la barriada de San Roque que protestaron sin permiso ante la policía para exigir ayuda oficial.

Duterte acusó además a grupos civiles de izquierda de instigar la protesta: «Izquierdistas, ustedes no son el gobierno. No anden por ahí causando problemas y disturbios porque ordenaré su detención hasta que finalice el brote».

El presidente obtuvo la semana pasada «poderes especiales» del Congreso para lidiar con la pandemia con una ley que incluye la provisión de 200.000 millones de pesos (4.000 millones de dólares) para repartir entre 18 millones de hogares desfavorecidos del país, donde el 16 % de la población vive bajo el umbral de la pobreza.

Sin embargo, la ayuda está bloqueada porque el gobierno todavía elabora «una base de datos consolidada» de los beneficiarios. «Solo espere la entrega incluso si se retrasa, llegará y no pasará hambre. No morirá de hambre», señaló Duterte, mientras amenazaba a los manifestantes.

Desde ese momento, defensores de derechos humanos y grupos civiles salieron a reclamar por las redes sociales la renuncia del mandatario. En Twitter, la tendencia #OustDuterte (expulsar a Duterte) es tendencia desde anoche.

«Estamos seriamente alarmados de que las palabras del presidente, que se traducirán en formas peores y más brutales de violaciones de los derechos humanos, represión y violencia estatal en los próximos días», lamentó Karapatan, una organización de derechos humanos local.

En esa misma línea, Amnistía Internacional opinó que son «profundamente alarmantes» las palabras de Duterte, que parecen «un sello de su presidencia», en alusión a las órdenes de este tipo que ya aplicó el mandatario en el marco de su guerra contra las drogas.