Juntos por el Cambio solicitó la presencia en la Legislatura del ministro de Justicia bonaerense, Julio Alak. Quieren saber qué ocurre con las protestas en las prisiones y sobre el avance de las excarcelaciones.

Como gran parte de las cárceles, las unidades penitenciarias de la provincia de Buenos Aires están superpobladas y en una situación de riesgo ante la propagación del coronavirus. Luego de la tensión vivida en la cárcel federal de Villa Devoto, legisladores provinciales le pidieron al gobierno bonaerense de Axel Kicillof un informe sobre el avance de las excarcelaciones y la situación del sistema penitenciario.

El reclamo fue impulsado por la bancada de diputados de Juntos por el Cambio: a través de una nota dirigida al titular de la Cámara baja, Federico Otermín, el bloque solicitó con cáracter de “urgente” que sea citado el ministro de Justicia bonaerense, Julio Alak, para que brinde explicaciones sobre las gestiones en curso en relación a los internos de las unidades penales.

“La situación de las cárceles en la Provincia requiere de la atención de todos, pero la solución no puede ser abrir las puertas de los penales sin buscar otras alternativas”, anticipó el sector que conduce el legislador bonarense Maximiliano Abad. “La pandemia del Covid-19 no puede convertirse en una excusa para excarcelar a presos con causas por delitos contra la vida, la integridad sexual, de género, con uso de armas, de corrupción, entre otros, y sin un mínimo de control ni atención a la delicada situación de las víctimas”, advirtieron en el escrito.

El planteo de Juntos por el Cambio apunta a dos objetivos: por un lado, buscan conocer de primera mano la situación de las cárceles provinciales, donde ya hubo protestas de los internos para que mejoren sus condiciones de detención y, por eso, quieren saber cómo el gobierno bonaerense está gestionando esa olla a presión; por el otro, buscan advertir del avance de las excarcelaciones por razones sanitarias, una decisión que no depende de la gestión de Kicillof sino de los jueces y fiscales.

“La emergencia sanitaria no puede implicar un beneficio para quienes se encuentran detenidos por infringir la ley”, insistieron en el documento.

Según indicaron voceros del Gobierno bonaerense, el pedido de la oposición aún no había llegado ante las dependencias de Alak.

Al igual que en otras jurisdicciones, los internos consiguieron cierto respaldo legal para continuar su detención bajo formato domiciliario, en caso de que sean parte de la población con factores de riesgo o mayores de 60 años. En esa posición más beneficiosa también quedaron las embarazadas o mujeres detenidas con hijos menores.

Las liberaciones podrán producirse siempre que los reclusos estén acusados o condenados por delitos no violentos o leves, con penas de hasta seis años de cárcel. Así fue determinado por el hábeas corpus colectivo que habilitó el juez de Casación Bonaerense, Víctor Violini, y que fue presentado a comienzos de abril por cerca de 19 defensores oficiales.

Según el criterio de los impulsores del habeas corpus, un total de “1.500 a 2.000 detenidos” estaban en en condiciones de ser liberados de las cárceles bonaerenses, comisarías e instituto de menores. La expectativa fue recortada poco después.

El 16 de marzo pasado, cuatro días antes de que Alberto Fernández decretara la cuarentena obligatoria, el procurador bonaerense Julio Conte Grand instruyó a los defensores oficiales para que evaluaran inmediatamente la posibilidad de encontrar alternativas de detención para quienes pudieran estar en riesgo frente a la pandemia. Lo hizo a través de la resolución 158/20, en la que se fijó que se determinen “las particularidades fácticas y normativas de cada caso”.

Lo cierto es que las excarcelaciones ya están avanzando y a comienzos de abril se contaban cerca de 400, de acuerdo a las cifras de la Justicia provincial. Sin embargo, aunque la interpretación jurídica lo habilita, la controversia sigue vigente. El propio presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, opinó que impulsaría el juicio político de los jueces federales que otorguen prisiones domiciliarias a los internos sin fundamento.

El problema no es exclusivamente argentino. En todo el mundo, la discusión sobre la continuidad de la detención de los presos bajo condición domiciliaria ante los riesgos de la pandemia se reedita en diversos formatos y con conflictos graves.