A través de una serie de resoluciones, la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia decidió rechazar los pedidos de prisión domiciliaria de los represores José Rodríguez Valiente, Carlos Mora, Héctor Roldán, Ernesto Simoni, Jorge Ibarra y Juan de la Cruz López, planteados en el marco de la pandemia de Covid-19 en la Argentina.

Así, el tribunal confirmó las resoluciones de la jueza Zunilda Niremperger y los represores continuarán alojados en el Pabellón Nº 15 de la cárcel federal de Resistencia (U7) destinado a personas vinculadas a delitos de lesa humanidad.

La medida comprende a los represores Rubén Héctor Roldán (suboficial de la Alcaidía Provincial), José Rodríguez Valiente, Carlos Mora (excomisarios), Ernesto Simoni (exteniente del Ejército), Angel Jorge Ibarra y Juan de la Cruz López (exagentes de la Dirección de Investigaciones de la Policía del Chaco).

Todos se encuentran a disposición del Juzgado Federal procesados por tormentos y privación ilegal de la libertad a detenidos por razones políticas en las causas de Lesa Humanidad conocidas como “Caballero 3” y “Conscriptos”.

Asimismo, el teniente Simoni se encuentra cumpliendo cadena perpetua condenado por la Masacre de Margarita Belén; el comisario general Rodríguez Valiente cumple sendas condenas por 25 y 20 años en los juicios Caballero 1 y 2; el suboficial Roldán cumple condena a 25 años en el juicio “Caballero 1” y el agente Ibarra cumple una condena de 12 años en el juicio “Caballero 2”.

Los fundamentos 

Según el informe del Servicio Penitenciario Federal que tuvo en cuenta la jueza Niremperger para resolver en primera instancia, en el Pabellón Nº 15 de la U7 se encuentran alojadas 12 personas vinculadas a causas por delitos de lesa humanidad mientras que el cupo total es para 15 personas.

Además, en el establecimiento penitenciario no existen casos reportados de Covid-19 y cada uno de los detenidos recibe tratamiento médico adecuado a cada una de sus patologías.

En ese sentido, las resoluciones de la Cámara Federal también señalan que trasladar a los detenidos a sus domicilios podría exponerlos “a una situación de mayor riesgo”.

Así, los camaristas consideraron que la U7 “resulta idónea” para que los detenidos continúen cumpliendo sus prisiones preventivas, en base “a la gravedad de los delitos atribuidos, la complejidad de la causa que se deriva de la pluralidad de víctimas, el tiempo transcurrido de la fecha de los hechos reprochados y la multiplicidad de imputados pertenecientes a las distintas Fuerzas Armadas”.

Por último, en sus resoluciones los magistrados encomendaron a la jueza instructora “el seguimiento irrestricto y constante” de la evolución del estado de salud de cada uno de los detenidos y también la situación en general del Covid-19 en los establecimientos penitenciarios.