La Corte Suprema está en la mira de Cristina Kirchner por su actuación a cargo de las escuchas judiciales que alimentaron denuncias en su contra o de sus ex funcionarios, tal es así que la mudanza del sistema a la procuración general y su futura supervisión explica buena parte de la agenda parlamentaria y tribunalicia de estos días.

De materializarse ese traspaso, cuentan en el kirchnerismo, el máximo tribunal perdería peso en las pruebas aportadas a causas judiciales vigentes pero, sobre todo, no podría ser perito en la investigación sobre espionaje ilegal, una de ellas instruida por el polémico juez de Lomas de Zamora Federico Villena y con Cristina como principal querellante. 

Parte de la investigación podría nutrirse de escuchas aportadas por ex agentes y ex colaboradores de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) capturadas en la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco), que aún funciona en el máximo tribunal con más de 200 empleados y tecnología para oír conversaciones ajenas cuando lo pida un juez. 

No por nada Cristina mencionó a la Corte en el video que publicó de ida al Tribunal, el lunes, cuando aludió a sus charlas con el ahora senador Oscar Parrilli filtradas en los medios. Sus laderos confían en que algunas de las causas sobre persecuciones irregulares diluciden porqué no se custodió ese material, que había sido parte de procesos judiciales iniciados en 2016. Sospechan que tuvieron el único fin de escuchar a los funcionarios salientes.

Este viernes, el diputado oficialista Rodolfo Tailhade se presentó ante el juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi para pedir que la Dajudeco no intervenga en la causa que investiga la pinchadura de mails iniciada por la interventora de la AFI, Cristina Caamaño. 

El primer paso para que los supremos no participen es eliminar los dos decretos con los que Mauricio Macri le transfirió las escuchas judiciales que hasta entonces controlaba la Procuración.

El último fue para ratificar al frente de la oficina de escuchas al camarista Martín Irurzun, que ya había sido nombrado por la Corte, y saltó a la fama por su doctrina que permitió dictar prisiones preventivas a ex funcionarios sólo por haber ocupado un cargo público. Es, también, uno de los espiados en la causa de Villena. 

El Senado aprobó la derogación de los DNUs y si repite el trámite Diputados las escuchas volverán al Ministerio Público, que seguirá a cargo del interino Eduardo Casal porque por ahora al Frente de Todos no le dan los números para reemplazarlo por Daniel Rafecas.

En la sesión que rechazó la creación el traspaso de las escuchas a la Corte, Parrilli y Anabel Fernández Sagasti acusaron al entonces presidente de la Corte Ricardo Lorenzetti de elegir a dedo a Irurzun como jefe. 

Fue nombrado en la acordada 2/16  firmada por Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda, en la que se informa un sorteo que lo dejó a cargo de la Dirección de Asistencia judicial en delitos complejos y crimen organizado, creada en el primero de los decretos de Macri que ahora buscan derogar y que tiene a su cargo a la Dajudeco. Según recordaron los legisladores, dos días antes se había filtrado su designación en los medios.

Irurzun fue nombrado al frente de la oficina de escuchas por una acordada de la Corte. Si bien aludió a sorteo que lo seleccionó, en el kirchnerismo creen que lo eligió a dedo porque su nombre se filtro antes. Y evalúan iniciar un juicio político. 

«Si efectivamente, como presuponemos, no hubo ningún sorteo y fue hecho absolutamente a dedo, el doctor Lorenzetti ha incursionado en un delito, que es precisamente el de adulterar un documento público», apuntó Parrilli, quien estaría evaluando un pedido de juicio político para iniciar en Diputados.

La acusación necesitaría dos tercios de esa Cámara que sólo pueden alcanzarse con los votos de Cambiemos, donde Lorenzetti no trae buenos recuerdos: aún le reprochan haber recibido a Macri con acordadas que lo obligaron a pagar deudas con las provincias y engrosar el déficit. De hecho, tuvo varios pedidos de juicio político de Elisa Carrió, que obligaron al entonces oficialismo a mantener cerrada la comisión encargada de tratarlos. 

Cristina ya cruzó a la Corte varias veces. La principal fue cuando le pidió una declaración de certeza de constitucionalidad para sesionar de forma remota y tuvo un rechazo in limine de su actual presidente Carlos Rosenkrantz, matizado por sus cuatro pares en el fallo.

Rosenkrantz solicitó una opinión al procurador Casal, quien le recomendó desestimarlo y así volvió a quedar en la mira del kirchnerismo, que en las próximas semanas empezará a tomale exámenes.  

El primero es el juicio político que Parrilli pidió iniciar en el Ministerio Público al fiscal Carlos Stornelli por integrar un «sistema de persecución judicial» en la causa de los cuadernos, que llevó a la prisión a empresarios acusados de pagar coimas. Lo acusa de convalidar declaraciones de arrepentidos «que no se grababan ni se filmaban».  

También apuntó al defensor oficial Gustavo Kollman por aconsejarle a sus protegidos culpar a ex funcionarios para quedar mejor parado en la causa. El principal fue el ex chofer Oscar Centeno, recordado por ser el dueño de cuadernos.

El senador pidió abrir un tribunal de enjuiciamiento y por ahora no encontró obstáculos de Casal, a quien el año pasado el kirchnerismo acusó de frenar un jury contra Stornelli después de conocerse su vínculo con el abogado Marcelo D’Alessio, detenido por integrar una red de espionaje ilegal.

Por si acaso, Cristina apuró la designación de senadores en las dos bicamerales que monitorean de cerca al procurador. Una es la de seguimiento del Ministerio Público, acéfala hace dos años porque los senadores peronistas se negaron a nombrar como presidenta a Carrió. En 2017, fue el foro utilizado por Macri para desgastar a Alejandra Gils Carbó hasta lograr su renuncia.

La otra comisión que ya tiene la mayoría peronista elegida es la de implementación del Código Procesal Penal, a cargo de instrumentar el nuevo sistema acusatorio que empodera a los fiscales en la investigación. Para el Frente e Todos ese marco jurídico es el argumento suficiente para que la intercepción de llamadas quede en manos del jefe de fiscales y no de la Corte. Resta saber cuándo pasará. Y cómo.