La provincia de Santa Fe, con el aval de la Casa Rosada, pidió a la Justicia la intervención de Vicentin ante la delicada situación económica de la empresa agroindustrial y por considerar que «los actuales integrantes del directorio no resultan idóneos para conducirla» en este momento.
“Hemos pedido la intervención de la Inspección de Personas Jurídicas de la provincia de Santa Fe ante el Juzgado del concurso para tener la administración de la empresa Vicentin y dejar de lado la expropiación”, anunció esta tarde el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti.
El mandatario se reunió con Alberto Fernández en la Residencia de Olivos para presentarle la propuesta. «El Presidente acompaña esto y quiere el rescate de la empresa», dijo Perotti en Olivos a C5N. La iniciativa santafesina «deja de lado el proyecto de expropiación» y que propone una administración de tres interventores para su «rescate», completó.
La inspectora General de Personas Jurídicas de la provincia de Santa Fe, María Victoria Stratta, solicitó la intervención judicial de la empresa, y la conformación de un Órgano de Intervención.
Ese órgano que estará al frente de la empresa lo conformarán tres personas: los dos interventores que dispuso el Gobierno Gabriel Delgado y Luciano Zarich y Alejandro Alberto Bento como representante por Santa Fe.
El órgano interventor actuará como cuerpo colegiado, cuyo presidente será Delgado, el vicepresidente Bento y el vocal Zarich. “La representación de la sociedad está a cargo del presidente. Puede ser ejercida por cualquiera de los restantes miembros -indistintamente- en caso de ausencia o impedimento del presidente”, indica es texto.
En el escrito presentado ante la justicia, Stratta justifica el pedido de intervención en que la empresa agroexportadora “explota un importante número de empresas en la Provincia de Santa Fe; su actividad está ligada al desarrollo regional, más allá de la extensión del volumen de sus negocios y establecimientos nacionales e internacionales”.
En la argumentación sostiene que ante la situación financiera de Vicentin y “para evitar -a través de la solución concursal- la liquidación, resulta imprescindible contar con el flujo de fondos que genere su giro empresario”. “Esa obtención de recursos está directamente ligada a la función de administración societaria, que es la de gestión”, y agrega que “los actuales integrantes del directorio no resultan idóneos para conducir la compleja situación”.
“La razonabilidad en el ejercicio de las facultades de control queda puesta de manifiesto en la compleja situación de Vicentin S.A.I.C. y el posible perjuicio al interés general”, indica el texto y afirma que “la decisión de formular este requerimiento tiene como norte contribuir desde el Estado a la conservación de la empresa”. Con relación a eso indica que “esto es, constituye un aporte estatal a la institución, un remedio para la preservación de la persona jurídica y no una sanción”.
En cuanto a la situación actual, el pedido de intervención recuerda que la empresa cuenta con activos por 100.000 millones de pesos, y tiene un pasivo con 2.638 acreedores, de los cuales casi 1.900 son productores agrícolas.
“Se trata de acreedores quirografarios, con lo que sus expectativas de cobro están directamente relacionadas con la continuidad de la actividad productiva y la consecuente generación de fondos para hacer frente a esas deudas, que -siempre según la denuncia de la concursada- ascienden a una cantidad que supera los 25.000 millones de pesos”, explica.
Al respecto, dice que además hay que sumar la abultada deuda financiera, con numerosos bancos del país y entidades extranjeras por una cifra cercana a los 64.000 millones de pesos. Al fisco la empresa le adeuda 1.500 millones, en gran parte a organismos nacionales como provinciales y municipios de la provincia de Santa Fe.
A lo que se le suma casi 6.000 millones de pesos adeudados a accionistas y a sociedades con vínculo de control, una de ellas extranjera. “Este tema merece un examen más exhaustivo”, advierte el escrito.
De esta forma, la deuda total de Vicentin es casi de 100.000 millones de pesos, “suma semejante a los activos que denuncia” la empresa, indica el escrito presentado por la provincia de Santa Fe ante la justicia.
La presentación santafesina llega luego de la resolución firmada, el juez civil y comercial de la ciudad de Reconquista, Fabián Lorenzini que dispuso que los interventores que administren la firma sean los designados por los accionistas y al mismo resolvió que los interventores nombrados por el Gobierno se sostengan en calidad de veedores. Según explicó Perotti le pidieron al juez anular esta medida y enfocarse en la intervención.