La Asociación Justicia Legítima Nordeste emitió un comunicado este martes donde sentaron postura respecto a la tensión suscitada entre la cúpula policial y el Gobierno de la provincia del Chaco, en el cual remarcaron su «respaldo a la decisión tomada desde el Ejecutivo provincial» respecto a la separación de cargo de los efectivos involucrados en los violentos hechos contra una familia Qom de Fontana, los que calificaron como «graves violaciones a los DDHH». 

 «Esta decisión de garantizar el respeto a los DD HH más elementales, en este caso de nuestros hermanos de la población indígena, guarda plena coincidencia con la Ley del Personal Policial de la Provincia del Chaco, la Ley de Seguridad Pública y los compromisos Nacional e Internacionalmente asumidos a partir del caso ‘Greco’, y también por el compromiso público realizado de garantizar una política de seguridad democrática con perspectiva de DDHH e Interculturalidad», indicaron desde la Asociación.  

En ese marco, manifestaron que «es necesario que el Gobierno avance en la profundización de la aplicación de la Ley de Seguridad Democrática», la cual, según detallan, debería nombrar a la Dirección de Control Policial para «garantizar transparencia en las investigaciones internas y despejar toda duda de impunidad ante el abuso policial».  

Ante ello, subrayaron que «el Poder Ejecutivo tiene la responsabilidad de garantizar una fuerza policial al servicio de la comunidad y asimismo el Poder Judicial, que debe actuar no sólo en la investigación del hecho ocurrido, sino también en los probables intentos por desestabilizar las políticas públicas que persiguen el cumplimiento irrestricto de los derechos humanos». 

 A su vez, remarcaron que «no se debe aceptar ningún tipo de presión de quienes tienen en sus manos la Seguridad Publica», y sumaron una convocatoria «a toda la sociedad y a las instituciones para ser coherentes con nuestro compromiso, con nuestra democracia».