Mediante un requerimiento formal, el fiscal federal Patricio Sabadini solicitó este miércoles la declaración indagatoria de Walter Gerardo Gómez y Rubén Armando Ramírez en la causa contra Jacinto Sampayo, su hijo Facundo, y Darío Sardi, referentes del Sindicato de Trabajadores Municipales (STM).
Esta solicitud se enmarca en la investigación por “presuntas maniobras de Delito Intermediación Financiera no Autorizada”, en la cual se habría utilizado al STM para “canalizar fondos provenientes de inversores particulares para luego ser volcados a préstamos otorgados a empleados municipales a tasas usurarias”.
En ese sentido, según precisa Sabadini en la presentación, mediante el allanamiento sobre la sede del Sindicato que tuvo lugar el 14 de julio último, se habrían secuestrado “numerosas documentaciones de interés, como cheques en los que puede observarse en algunos de ellos la firma de Walter Gerardo Gómez en calidad de Secretario de Finanzas del Sindicato de Trabajadores Municipales y la firma de Rubén Armando Ramírez en calidad de Secretario Adjunto”.
Allanamiento en la sede del Sindicato. (Archivo)
A su vez, agregó que, luego de un requerimiento al Nuevo Banco del Chaco sobre una cuenta a nombre del Sindicato de Trabajadores de Empleados Municipales, se conoció que la persona autorizada para la operatoria sobre dicha cuenta sería Rubén Armando Ramírez.
En esa línea, Sabadini explica que “tanto Ramírez como Gómez habrían sido eslabones necesarios para cometer el ilícito que aquí se investiga, entiendo que sus conductas podrían estar insertas en la mecánica de maniobras ilícitas de intermediación financiera, por lo que se requiere formalmente la ampliación de la instrucción a efectos de profundizar la investigación en relación a la conducta desplegada por los imputados”.
Posibles penas
En un repaso de lo que establece la Ley, el fiscal explica que en “Delitos contra el Orden Económico y Financiero” se establece una pena de prisión de uno a cuatro años, multa de dos a ocho veces el valor de las operaciones realizadas e inhabilitación especial hasta seis años para quien “por cuenta propia o ajena, directa o indirectamente, realizare actividades de intermediación financiera, bajo cualquiera de sus modalidades, sin contar con autorización emitida por la autoridad de supervisión competente”.
A su vez, detalla que “en igual pena incurrirá quien captare ahorros del público en el mercado de valores o prestare servicios de intermediación para la adquisición de valores negociables, cuando no contare con la correspondiente autorización emitida por la autoridad competente. El monto mínimo de la pena se elevará a dos (2) años cuando se hubieran utilizado publicaciones periodísticas, transmisiones radiales o de televisión, internet, proyecciones cinematográficas, colocación de afiches, letreros o carteles, programas, circulares y comunicaciones impresas o cualquier otro procedimiento de difusión masiva…”
Facundo Sampayo, Jacinto Sampayo y Dario Sardi, dirigentes del Sindicato Municipal de Resistnecia, son investigados por la Justicia Federal.
