El fiscal Federal de Resistencia, Patricio Sabadini, presentó este viernes un requerimiento de instrucción judicial ante la jueza, Zunilda Niremperger, pidiendo que se abra una investigación para determinar si Liliana Pascua defraudó a la administración pública.

Se la acusa de repartir entre familiares y amigos viviendas sociales que tenían como destino familias indígenas, además de autoadjudicarse una de ellas.

La intendenta de Enrique Urien, Liliana Pascua, quedó en el ojo de la tormenta. Es que el fiscal Federal de Resistencia, Patricio Sabidini, presentó un requerimiento de instrucción judicial ante la jueza, Zunilda Niremperger, solicitando que se abra una investigación para determinar si Pascua defraudó a la administración pública en el marco de la entrega de viviendas sociales que tenían como destino familias indígenas de su localidad.

La causa se habria iniciado por una denuncia presentada por el diputado provincial por la UCR, Alejandro Aradas, en base a una nota publicada en el portal Infoqom.

Aradas acusó a Pascua de autoadjudicarse una de esas viviendas sociales, además de entregar varias más a parientes y allegados, entre ellos su cuñado, su tío, su madre y a la expresidenta del Consejo Deliberante, Adela Szulak. En total, son seis las viviendas observadas.

Señaló además que esas viviendas no se adecuarían a lo normado por el plan de viviendas denominando “Programa Federal de Viviendas y Mejora de Habitat de Pueblos Originarios y Rurarles”, ya que diferirían sustancialmente con las características austeras que son medulares en las viviendas de ese tipo.

El diputado indicó que la vivienda ocupada por Pascua, es de dos pisos, lo que “evidencia las profundas divergencias que existe con el plan que las motivó, amén de su adjudicación irregular y de una relocalización de las mismas”.

El legislador amplió su denuncia el 20 de octubre ante la fiscalía. En esa oportunidad, hizo referencias a supuestas irregularidades en las facturaciones presentadas y en las contrataciones de las empresas constructoras de dichas obras.

Ante estas evidencias, el fiscal Sabadini consideró que hay elementos para abrir una investigación en la cual se le imputaría a Pascual por el presunto delito de fraude en perjuicio de la administración pública (artículo 174, inciso 5, del Código Penal).

“Conforme los hechos descriptos (…), entiendo que la conducta desplegada por la intendenta Pascua le habría permitido obtener un provecho económico en perjuicio del patrimonio de la administración pública encuadrando ello en la figura analizada”, remarcó Sabadini.