Así lo dispuso el juez Federal subrogante de Sáenz Peña, Miguel Aranda. Se trata de empleados y exfuncionarios de los municipios de Castelli, Villa Río Bermejito, Miraflores, Enrique Urien y Samuhú quienes habrían cobrado el Ingreso Familiar de Emergencia o, en algunos casos, intentaron hacerlo a pesar de que no le correspondía.

Están imputados por los delitos de fraude a la administración pública y falsedad ideológica. Las indagatorias comenzarán el 23 de febrero de 2021.

Para paliar de algún modo los costos económicos y sociales derivados de la pandemia, el gobierno nacional estableció el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), una ayuda no contributiva de carácter excepcional de 10 mil pesos destinada a personas desocupadas, monotributistas o de la economía informal.

Si bien esta asistencia monetaria tenía destinatarios muy precisos, se dieron situaciones en las cuales personas con sueldos fijos y hasta con cargos de decisión dentro de municipios cobraron o intentaron cobrarlo.

Esto se dio en los municipios de Castelli, Villa Río Bermejito, Miraflores, Enrique Urien y Samuhú donde 173 empleados y funcionarios de esas comunas habrían cobrado el beneficio y otros 61 intentaron hacerlo a pesar de que no les correspondía.

La causa fue impulsada por el fiscal subrogante de Sáenz Peña, Carlos Amad, en base a una investigación periodística realizada por el portal horizonteimpenetrable.com, del periodista Luis Mancini.

(Cabe recordar que Mancini fue brutalmente agredido por un funcionario del municipio de Villa Bermejito el 16 de septiembre pasado mientras realizaba su programa de radio en esa localidad).

“Obviamente para ellos no era el IFE, que tiene otro tipo de destinatarios que son personas vulnerables, a las cuales la pandemia ha llevado a que dejen de percibir algún ingreso. Estas personas tenían sueldo y pagos todos los meses en sus cajas de ahorro”, sostuvo Amad tras conocerse la imputación.

En base a los datos recabados por el Ministerio Público Fiscal, el juez Federal subrogante de Sáenz Peña, Miguel Aranda, ordenó el 11 de diciembre último citar a indagatoria a las 234 personas sospechadas de haber cobrado el beneficio o de haber intentado hacerlo.

La causa está caratulada como “POSPISIL, CARLOS CESAR Y OTROS s/DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA”, expediente 2333/2020.

Están imputados por los delitos de fraude a la administración pública y falsedad ideológica, en algunos casos en grado de tentativa.

Entre quienes deberán comparecer a partir del 23 de febrero de 2021, mediante videoconferencia, están el exdirector de Tierras del municipio de Villa Río Bermejito, Carlos César Pospisil y el exsubsecretario de Cultura de esa localidad, Diego Braun. 

Ambos fueron echados por el intendente, Julio Paredez, tras destaparse el escándalo.

También serán indagados los funcionarios de Enrique Urien que hasta el momento de la imputación judicial eran funcionarios del gabinete municipal.

Ellos son: Mirian Martínez, secretaria de Eventos Públicos, Hugo Insaurralde, secretario de Relaciones Institucionales y Débora Elisabeth Silva, secretaria de la Oficina de Tributos Municipales.

También integra la nómina de citados a indagatoria, la secretaria del Concejo Municipal de Urien, Carolina Días.

En cuanto a Castelli, fueron citados a declarar en calidad de imputados el coordinador municipal, Germán Delgado y la secretaria de Hacienda, Belén Kass.

Fuente: (Chaco Dia Por Dia)