El programa Casa Propia-Construir Futuro, a desarrollarse bajo la orbita del Ministerio de Desarrollo Territorial y Vivienda de la Nación, fue publicado este martes en el Boletín Oficial y en breve se pondrá en marcha con subsidios estatales para las familias de ingresos bajos y medios bajos, que no podrían acceder a otra forma de crédito de largo plazo y que con este esquema podrán pagar su techo propio en un plazo de hasta 30 años.
Originalmente presentado para la construcción de más de 200 mil viviendas y una inversión $890 mil millones, el programa se formalizó con el objetivo de construir un total de 120 mil viviendas en los próximos tres años, además de generar soluciones habitacionales de emergencia; y no definió el monto total a invertir.
La publicación de la normativa coincidió con la visita de Ferraresi a Corrientes donde firmó con el gobernador Valdés un acuerdo para la construcción de 800 viviendas en el marco de este programa. Sergio Uñac, Alicia Kirchner, Arabela Carreras y Axel Kicillof también firmaron convenios dentro de este programa.
Los convenios dejan indemne al Ministerio y cualquier reclamo o sanción por fallas en el programa recaen sobre las provincias y todas las cargas e impuestos locales no serán cubiertos por la asistencia financiera de la Nación.
Los subsidios saldrán del Ministerio de Desarrollo Territorial que encabeza Jorge Ferraresi y serán ejecutados por las provincias y los municipios, además de otros entes como los sindicatos.
Según explicó el secretario de Desarrollo Territorial, Luciano Scatolini -quien tendrá a cargo el programa-, la idea es contribuir «con el descenso progresivo del déficit habitacional cuantitativo y cualitativo de la Argentina», que se estima se ubica en tres millones de unidades.
Scatolini también destacó en declaraciones a Télam Radio que «la construcción de la vivienda no solamente es la posibilidad de lograr el sueño de la casa propia, como se llama el programa, sino también es la reactivación laboral de los pueblos, la llegada de nuevas oportunidades, de nuevos equilibrios territoriales que necesita el país para darle cada vez más dignidad al pueblo».
Las viviendas serán entregadas una vez finalizadas con título de propiedad y los beneficiarios deberán pagar una cuota mensual ajustada por el coeficiente de variación salarial (CVS) que en ningún caso podrá superar el 30% de los ingresos del grupo familiar.
Los montos de las viviendas serán expresados en UVIs, la unidad de variación que sigue a los salarios y que fue propuesta por el ex presidente Cobos en oposición a las UVAs de Sturzenegger que se actualizan por la inflación.
Las cuotas se aplicarán con un criterio «equitativo y solidario para los beneficiarios» a fin de recuperar el dinero invertido en las viviendas, explica la Resolución 16/2021.
El período de pago podrá ser de hasta 360 cuotas, es decir 30 años, y el Estado tiene la obligación de destinarlo a seguir construyendo viviendas.
Por eso, en el caso de que los adjudicatarios sean empleados públicos o reciban ingresos del Estado, se les debitará directamente de sus haberes. Y para los que no lo sean, el Ministerio dispondrá de una cuenta bancaria donde deberán depositarse mensualmente las cuotas.
«Serán beneficiarios los hogares residentes en todo el territorio nacional, que se encuentren en situación de déficit o vulnerabilidad habitacional y de sectores de medianos recursos con dificultad de acceso a una solución habitacional. Para los casos de emergencias por contingencias climatológicas, desastres naturales o antrópicos serán beneficiarios aquellos hogares que fueran damnificados», detalló la normativa.
«El nivel o la formalidad de los ingresos no podrá ser causal de exclusión de ningún hogar como beneficiario, tampoco cuestiones de raza, religión, nacionalidad, ideología, opinión política o gremial, sexo, posición económica desfavorable, condición social o caracteres físicos», aclaró la Resolución a la vez que excluye a cualquier beneficiario de un subsidio habitacional o programa de vivienda de cualquiera de los tres niveles de gobierno.