Con la intervención del Estado se pudo identificar a los actores que realizaron el traslado de la mercadería. El Ministerio de Seguridad y Justicia de la provincia tomó intervención, a través de la Policía del Chaco, en un desvío ilegal de módulos alimentarios otorgados por el Ministerio de Desarrollo Social a comunidades de pueblos originarios. 

El jueves por la tarde un dirigente social se acercó a los galpones del Ministerio de Desarrollo Social para realizar el retiro de módulos alimentarios que debían ser entregados a personas que residen en el Barrio Toba de Resistencia. Pero la mercadería, en lugar de ser trasladada al barrio, fue cargada en dos camiones con destino a la localidad de Las Garcitas. 

Al advertir esta situación, agentes de la cartera de Desarrollo Social dieron aviso a la Policía del Chaco, quienes tomaron intervención en el hecho con el apoyo de autoridades del Ministerio de Seguridad y Justicia de la provincia. 

Horas después la Policía del Chaco ubicó a los camiones dentro de un supermercado de Las Garcitas, donde se estaba llevando adelante la descarga de mercadería en el lugar. Bajo la sospecha de que se trataba de un hecho de venta fraudulenta de módulos alimentarios del Estado, el abogado del Ministerio de Desarrollo Social realizó la denuncia formal ante la Fiscalía de Investigaciones de General San Martín, a cargo de Andrea Langellotti. 

Horas después, la fiscal ordenó el secuestro de la mercadería para su investigación y devolución a la cartera de Desarrollo Social, y la identificación de las personas que debían hacer la entrega de los módulos alimentarios a las familias del Barrio Gran Toba.

 “Lo que se hizo fue una investigación policial respecto a la venta ilegal de mercadería que el Estado provincial otorga a las familias. Con los datos que obtuvimos trabajamos con el Ministerio de Desarrollo Social, quienes realizaron la denuncia formal ante la Fiscalía en turno y se ordenó el secuestro de la mercadería”, explicó la Ministra de Seguridad y Justicia, Gloria Zalazar. 

También recordó que el Estado lleva adelante políticas alimentarias a través del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia que no concluyen con las meras entregas de mercadería, sino que existe un abordaje integral y sostenido en el tiempo que tiene como objetivo la contención y la promoción de derechos de chaqueños y chaqueñas.

 “Se investigó en base a lo que la ley dice respecto a los bienes del Estado, los cuales no deben ser vendidos. En este caso en particular lo que se está investigando es una venta fraudulenta de módulos alimentarios del Estado”, agregó la titular de Seguridad y Justicia.   

El Gobierno provincial recuerda que cuenta con una batería de instrumentos para denunciar irregularidades vinculadas a las políticas sociales que se implementan en territorio y de forma directa a sectores vulnerables. 

La línea anónima y gratuita 0800 888 9222 es la principal herramienta para advertir sobre venta de mercaderías, retenciones de transferencias sociales directas o desvío de fondos de subsidios.