La Justicia Electoral envió un pedido con fecha del 24 de febrero, dirigido a la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti y al ministro del Interior, Eduardo «Wado» de Pedro. 

En ambos documentos, solicita con carácter urgente que se proceda con la vacunación de «personal estratégico» a emplearse durante las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

Numerados bajo los oficios 176 y 177, e impulsados por el pedido de la abogada María Servini de Cubría, reclaman «la provisión de vacunas que permitan que la justicia nacional electoral cumplir con sus tareas en el marco del cronograma dispuesto para los comicios del corriente año».

Acto seguido, proceden a detallar sobre la existencia de al menos cinco oficios previos, mediante los cuales se requería ejecutar «con la suficiente antelación las acciones pertinentes para la adecuada realización de los comicios nacionales»..

Reconocen que, tras celebrarse una reunión entre los Jueces Electorales Federales el 11 de febrero, creyeron pertinente volver a «insistir en la necesidad de provisión de medios de inmunización».

Catalogan también a la vacunación como «el único medio eficaz para preservar la salud de los agentes que deberán ser inmediatamente convocados, sin posibilidad de garantizar que se cumpla con otras medidas de prevención supletorias».

«El próximo mes, el fuero federal prevé dar comienzo a las tareas de preparación del material electoral y la documentación», anticipa el comunicado que, a continuación, estima la participación al menos «2.700 agentes» quienes deberían inocularse.

Concluyendo con dichas declaraciones, evocan lo predispuesto a través del «Plan Estratégico de Vacunación contra el COVID-19 en la República Argentina» (Resolución 2883/20).

El mismo expone la necesidad de atención a «personal estratégico que presente servicios a los fines de la organización y ejecución de las distintas etapas que conformen el proceso electoral nacional».