Este miércoles se llevó a cabo una nueva reunión entre los ministros del Superior Tribunal de Justicia y diversas entidades abogadiles, con el objetivo de actualizar información respecto a lo que fue el ciberataque que afectó los servidores del Poder Judicial. 

Cabe marcar que la semana pasada ya se habían reunido y allí desde el STJ informaron entre otras cuestiones que adquirieron nuevos servidores para permitir el restablecimiento del servicio y el alojamiento de la información que progresivamente se va recuperando. 

Uno de los que participó de este nuevo encuentro fue Ricardo Urturi en representación del Consejo Profesional de Abogados de Resistencia

. El presidente de la entidad manifestó que como punto sobresaliente convinieron que “va a salir una acordada donde se va a plantear entre otras cuestiones la suspensión de términos y audiencias las primeras dos semanas de febrero para todas las jurisdicciones de la provincia”. 

La medida toma importancia al tener en cuenta que el 1 de febrero será la vuelta a la actividad judicial luego de la feria. Urturi informó también que “se va a armar una comisión de trabajo conjunto con el STJ y las entidades abogadiles donde nosotros vamos a tomar conocimiento también y colaborar con todo lo que sea las modalidades de implementación para definir las medidas de seguridad y todo lo que tenga que ver con la reconstrucción de aquellos expedientes digitales que se hubieran dañado”.

El letrado celebró le medida acordada con el STJ ya que “la suspensión de términos y audiencias es algo que se planteó ayer en una reunión que tuvimos en el Consejo con más de 50 abogados, justamente planteábamos la necesidad de esto para de esta forma tener eventualmente acceso a los expedientes, porque está todo digitalizado, para poder llevar adelante audiencias y entrevistas”. 

Las entidades y el STJ volverán a reunirse la semana que viene, seguramente el lunes. Respecto a la investigación del ataque malware del tipo ransomware que afectó los servidores del Poder Judicial, el máximo órgano de la justicia provincial habría recibido la pericia informática y la iban a presentar en la fiscalía que lleva adelante la investigación.