A menos de 24 horas de asumir, Sergio Massa, el nuevo ministro de Economía, recibió por parte de Unidad Piquetera, el núcleo de movimientos sociales combativos, una carta en la que le piden un encuentro para darle cauce a dos reclamos: una actualización del salario mínimo vital y móvil y un bono de emergencia.

Las organizaciones acudieron hasta el palacio de Hacienda y allí entregaron una misiva, en la que se le pide al flamante funcionario un encuentro cara a cara y de forma “urgente” dada la emergencia alimentaria.

El texto hace referencia a la necesidad que tienen de actualizar ingresos de programas sociales y “de las personas en estado de vulnerabilidad”, dada la inflación de los últimos meses que perjudica el poder adquisitivo.

Entre sus pedidos, figuran el incremento del salario mínimo vital y móvil que alcance el valor de la canasta básica alimentaria y un bono de emergencia de 20 mil pesos que cubra al menos una parte de la pérdida de ingresos.

Por otro lado, hay una referencia a los anuncios del ex intendente. Para el colectivo, no colmaron expectativas ya que no hubo alusiones “al gravísimo problema de acceso a la vivienda ni del desarrollo de la obra pública tan necesaria en los barrios populares, que sería una forma concreta de generar millones de puestos de trabajo genuinos”.

Hasta el momento, las organizaciones no vislumbran medidas de fuerza pero se encuentran en alerta ante los primeros anuncios del líder de economía, quien ya indicó que el Gobierno nacional avanzará en un reordenamiento de los planes sociales en un proceso que se desplegará durante los próximos 12 meses.

«Encararemos una política de reordenamiento de los planes sociales durante los próximos 12 meses, poniendo foco en 3 ejes: vuelta al mercado de trabajo, fortalecimiento de trabajo asociativo y cooperativo y protección de los argentinos que viven en situaciones de vulnerabilidad», anunció Massa en una rueda de prensa ofrecida el miércoles.

El flamante ministro anticipó que el 15 de agosto comenzará un auditoría de los planes sociales que realizarán las universidades.

A partir de esa información a relevar, Massa aseguró que «quien no cumpla» con los requisitos y compromisos que impone cada programa «recibirá la suspensión del plan y en paralelo, la liquidación se cruzará con las bases de datos de la Anses».