En el marco del planteo reciente del Gobierno por auditar los programas Potenciar Trabajo en todo el país, el líder del Frente Patria Grande, Juan Grabois, rechazó las iniciativas del Ministerio de Desarrollo Social y aprovechó para opinar sobre la difusión del informe de “los famosos subsidiados”.
El dirigente formuló una incómoda pregunta en Twitter, al interrogar si la «violación de la intimidad» solo se aplica en el caso de «los ricos».
“A los pobres con subsidios se los puede exponer obscenamente, pero aparecen los ricos subsidiados ¿y es violación de la intimidad? Auditoria sí, pero auditoría para todos”, tuiteó Grabois, al posicionarse como vocero de «los pobres» expuestos «obscenamente», según la publicación.
El origen de la polémica de «los famosos subsidiados»
El eje de la discusión se remonta a la divulgación de un listado que enumeraba los políticos, deportistas y famosos que recibían tarifas subsidiadas. Los nombres se dieron a conocer por boca de Jorge Rial en C5N y luego la información fue replicada en Página 12, lo cual motivó la reacción de los sectores que interpretaron la maniobra como un auténtico escrache.
Teniendo en cuenta el grado de irritación que produjo la polémica publicación del listado en los presuntos beneficiarios y en la oposición, la secretaria de Energía de la Nación, Flavia Royón, expresó su rechazo ante la filtración de datos personales de los subsidiados, y aclaró que la información filtrada no surgió de su área.
“Esa información no ha salido de la secretaría y yo en lo personal repudio la filtración de datos personales, no estoy de acuerdo”, advirtió Royón.
Por otra parte, Grabois volvió a marcar sus diferencias con la coalición gobernante tras rechazar el proyecto impulsado desde el Ministerio de Desarrollo Social, conducido por Juan Zabaleta, consistente en un programa de capacitaciones dirigido a los estudiantes para que se interioricen en las auditorías del programa Potenciar Trabajo en la provincia de Buenos Aires. En el transcurso de los próximos 12 meses, el Gobierno fijó como objetivo auditar el funcionamiento de 1,2 millones de programas.
