El Gobierno nacional evalúa tonificar la reserva de dólares del Banco Central a partir de un pedido al Fondo Monetario Internacional (FMI), basado en un fideicomiso que el organismo creó en abril del 2022.
Dicho mecanismo fue pensado para ayudar a países de ingresos medios y bajos vía liquidez de dinero para combatir el cambio climático y las pandemias, luego de que el Covid-19 provocara desbarajustes de alta dimensión en la economía mundial. Desde la entidad lo nombraron Fondo de Resiliencia y Sostenibilidad (FRS).
La información del posible pedido de dinero fue brindada por la agencia Reuters, que puso como fecha el mes de octubre. Más allá del dato de la financiación, no se especificaron más detalles del posible pedido.
Argentina se encuentra tratando de cumplir con las metas que el Fondo exige en el acuerdo firmado por el ex ministro de Economía, Martín Guzmán. Por ese motivo, el organismo ya llevó adelante una primera revisión de las cuentas públicas, que terminó aprobando.
Con la asunción de Sergio Massa en lugar de Silvina Batakis, el Ministerio de Economía continuó con un sendero de mayor ajuste de las cuentas públicas. Medidas como el congelamiento de ingreso para empleados del sector público, la segmentación tarifaria (a los servicios de luz, gas y agua) y el recorte presupuestario a diversos ministerios fueron en esa dirección.
Según estimaron en la Secretaría de Energía dirigida por Flavia Royón, la quita de subsidios a las tarifas podría generar un ahorro de $47.500 millones para 2022 y $455.000 millones para el año que viene.
Respecto a las áreas ministeriales, se decidió reducir las partidas de gastos hasta fin de año por un total de $210.000 millones y de esa manera ampliar la asistencia a la Tesorería en $82.000 millones.
Qué es el Fondo de Resiliencia y Sostenibilidad
El fideicomiso fue anunciado en enero y ratificado en abril de este año por la titular del FMI, Kristalina Georgieva, quien lo definió como “una ayuda para países vulnerables para enfrentar desafíos a más largo plazo, que plantean riesgos para las economías y las personas”.
“El RST brindará respaldo normativo y financiamiento asequible con vencimiento a más largo plazo, con un vencimiento de 20 años y un período de gracia de 10 años y medio, para ayudar a generar resiliencia frente a los riesgos a largo plazo para la estabilidad de la balanza de pagos”, explicó Georgieva.
Luego habló de un pedido de los miembros del organismo para mejorar las herramientas de préstamo con el fin de abordar «una necesidad creciente de desarrollar resiliencia y sostenibilidad ahora para los riesgos económicos en el futuro. Hoy, nuestra membresía se ha unido y ha respondido”.
Si el Gobierno Nacional accede a pedir el préstamo, recibirá un 150% de 1.000 millones en Derechos Especiales de Giro (DEG).
