Esta mañana, el Ministerio Público Fiscal solicitó que se libre la orden de detención al conjuez federal de Sáenz Peña Miguel Aranda y tres gendarmes, quienes estarían involucrados en hechos delictivos vinculados a la causa conocida como «Clan Sosa«, que investiga a una familia saenzpeñense por lavado de dinero y narcotráfico.
En ese contexto, desde el Colegio de Abogados y Procuradores de Resistencia emitieron un comunicado donde manifestaron su «profunda preocupación» por las «gravísimas acusaciones» de parte del fiscal federal, Carlos Amad al juez federal subrogante de Sáenz Peña, Miguel Aranda.
En el escrito, aseguran que Aranda, quien está acusado de presuntos vínculos con el «Clan Sosa«, es «una persona honorable y de respetada trayectoria profesional «. Además, instan a «una resolución y aclaración urgente respecto de un tema de extrema sensibilidad social y que pone en sospecha la actuación de la Justicia Federal, y en el caso, de un magistrado a cargo del Juzgado Federal de Presidencia Roque Sáenz Peña».
EL COMUNICADO COMPLETO
El Colegio de Abogados y Procuradores de Resistencia manifiesta su profunda preocupación en relación a las gravísimas acusaciones de parte del Fiscal Federal Carlos Amad al Juez Federal subrogante de Sáenz Peña, Miguel Aranda.
Ello, a raíz de los recientes allanamientos y detenciones en relación a la causa denominada «Clan Sosa», por la cual presumen habría ocurrido fuga de información dentro de la esfera judicial, colocando al Fuero Federal Judicial en un manto de sospecha y gravedad institucional.
El Juez Federal Miguel Aranda es reconocido por ser una persona honorable y de respetada trayectoria profesional, judicial y académica, y por ello, ante la gravedad de la acusación del Fiscal Federal Amad, instamos a una resolución y aclaración urgente respecto de un tema de extrema sensibilidad social y que pone en sospecha la actuación de la Justicia Federal, y en el caso, de un magistrado a cargo del Juzgado Federal de Presidencia Roque Sáenz Peña.
La difusión periodística de investigaciones en curso traen como consecuencia que la sospecha sea tomada por algunos sectores de la sociedad, como conclusiones, afectando gravemente el principio de inocencia y debido proceso, por lo que instamos a las autoridades judiciales del fuero federal a la urgente solución del caso y el respeto irrestricto de las garantías constitucionales de los ciudadanos.
