El fiscal federal ante el TOF de Corrientes, Carlos Schaefer, solicitó hoy que el exjuez federal de esa localidad sea condenado a 15 años de prisión e inhabilitación perpetua como presunto jefe de una asociación ilícita que protegía a narcotraficantes a cambio de coimas y también por prevaricato.

También pidió penas de 12 y 9 años para los exsecretarios del Juzgado Federal como miembros de la asociación ilícita y partícipes necesarios de cohecho pasivo agravado y prevaricato.

Durante la última jornada de alegatos, el fiscal federal ante el TOF de Corrientes, Carlos Schaefer, solicitó que el exjuez federal Nº 1 de esa ciudad, Carlos Soto Dávila, sea condenado a quince años de prisión e inhabilitación perpetua como presunto jefe de una asociación ilícita, cohecho pasivo agravado (cobro de coimas) y prevaricato reiterado por dar protección a narcotraficantes.

Para sus exsecretarios, Pablo Molina y Federico Grau, pidió 12 y 9 años de prisión e inhabilitación perpetua como supuestos miembros de la asociación ilícita y también por cohecho pasivo y prevaricato.

Los pedidos de pena también alcanzan a los abogados Duilio Barboza Galeano (8 años), Gregorio Giménez (7 años), Tomás Viglione (5 años) y Juan Manuel Faraone (2 años y cinco meses), también exintendente de Empedrado. A todos ellos por ser miembros de la asociación ilícita y como coautores de cohecho activo agravado reiterado, es decir, por haber pagado las coimas a los funcionarios judiciales para la liberación de sus clientes.

Otro grupo de acusados, los narcotraficantes Pablo Torres, Carlos Bareiro y Federico Sebastián Marín, así como los abogados Jorge Vallejos y Omar Serial, no participan del debate tras aceptar procesos abreviados con el Ministerio Público.

En concreto, se acusa al exjuez Soto Dávila de brindar cobertura judicial para el desarrollo de las actividades de la organización narcocriminal liderada por Federico Sebastián Marín, Carlos Bareiro y Lucho Saucedo, e integrada por más de 56 personas y que tuvieron como principal foco a la localidad correntina de Itatí, a la que el titular de la Procunar, Diego Iglesias, definió como “un enclave estratégico de bandas que se dedicaban al contrabando de estupefacientes desde la vecina República del Paraguay”. Las mismas consistían en evitar avanzar en investigaciones a operaciones vinculadas a esa organización criminal y mejorar la situación procesal de los involucrados, otorgando libertades contrarias a derecho, en base al cobro de coimas.

“Es justicia o narcotráfico”

En el cierre de su alegato, el fiscal aseguró que “el delito de corrupción judicial es uno de los delitos más graves, afecta y atenta contra la independencia del poder judicial. Lo dicen todos: no se puede combatir al narcotráfico si no se combate la corrupción, sobre todo cuando la corrupción está enquistada en el Poder Judicial. Justamente porque es quien debe impartir justicia en este tipo de casos, donde lo que se sanciona son las conductas delictivas, como en este caso en particular de una organización que estaba operando acá en Corrientes”.

“La sociedad está reclamando justicia respecto de los hechos de narcotráfico y en representación del interés general de la sociedad nosotros le decimos al tribunal: es justicia o es corrupción. A eso, yo le voy a agregar: es justicia o es delincuencia. A eso le vamos a agregar: es justicia o narcocriminalidad. Y a eso le vamos a agregar: es justicia o narcotráfico para este país”, concluyó Schaefer.