Los concejales de Resistencia María Teresa Celada y José Barbetti por la UCR, y Martín Bogado por la Coalición Cívica ARI presentaron una denuncia ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) contra el Intendente de Resistencia, por una irregular operación de crédito con el Gobierno provincial.
El pasado 13 de diciembre de 2016, los concejales opositores realizaron una denuncia pública, explicando que el Municipio de Resistencia recibió poco más de $33 millones de pesos, en concepto de un crédito que se enmarca en el programa de devolución progresiva de fondos por parte de la Anses, y que fuera instrumentado por el Gobierno provincial junto a la Fiduciaria del Norte.
Dichos recursos han sido acreditados al Municipio, sin que se hayan llevado adelante los pasos marcados por la normativa, y una vez recibidos, han sido transferidos de las cuentas municipales “hacia otras cuentas que no conocemos cuales son”, especifican los ediles.
La denuncia
En un escrito dirigido a la Dra. Susana Esper Mendez, como Fiscal General Subrogante de la FIA, los concejales especifican que “solicitamos se investiguen los hechos ocurridos y ordene brindar información que fuera solicitada con fecha 13 de diciembre de 2016 y reiterado el 21 de Febrero, mediante pedidos formales”.
Los concejales detallaron sobre el caso, expresando que “en Agosto pasado, se realizó el acuerdo entre el Gobierno Nacional y las provincias, para dar inicio a la devolución del 15% que se retenía para Anses. Este acuerdo también brindada la posibilidad de tomar crédito del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, algo que fuera ratificado por la Legislatura provincial, adhiriendo a la ley nacional, y por el Poder Ejecutivo provincial, con el decreto 2033/16, que establece las condiciones para que cada Municipio acceda a este financiamiento”.
“En el mismo, se estableció que los municipios deberán sancionar una ordenanza municipal que contenga la autorización del Concejo para contraer el empréstito, la adhesión a la Ley Nº 7821 y el destino del endeudamiento para obras de infraestructura urbana. Una vez realizado esto, se firman los convenios correspondientes para acceder a los recursos”.
“Para el caso de la ciudad de Resistencia, se rubricó dicho convenio con la provincia, por un monto de 67.259.520. Pero aquí viene el problema: si bien desde el Concejo Municipal hemos sancionado la ordenanza de adhesión a la Ley N° 7821, no hemos sancionado la autorización para la toma de este crédito ni hemos recibido detalle alguno del destino de este endeudamiento. Sin embargo, Capitanich recibió el 25 de Noviembre poco más de 33 millones de pesos (el 50% de lo acordado) en las cuentas del Municipio. Y para agravar el hecho, cuatro días después, esos fondos se sacaron de la cuenta municipal, sin que sepamos a donde y en carácter de qué”.
Ante esta situación, los ediles presentaron realizaron un pedido de informe el día 13 de diciembre de 2016, y al no haber respuesta, reiteramos el pedido el día 21 de febrero de este año. Recién el 13 de marzo recibimos una respuesta, por parte del Secretario de Economía Municipal Federico Muñoz Femenia, quien expresa que todo se hizo conforme a la ley 7821, pero nada menciona de los requisitos exigidos por el decreto 2033/16, y tampoco nada dice sobre el destino de los fondos”.
“Por ese motivo, decidimos presentar esta denuncia ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas. Como concejales de la ciudad tenemos la facultad y el deber de controlar los recursos de los resistencianos, y esta es una situación de gran irregularidad, que desde el Municipio no quisieron o supieron responder”.
Finalizaron diciendo que “esperamos ahora que la justicia actué y determine qué pasó con estos fondos”.
La copia digitalizada de la denuncia presentada puede verse en este link: http://terecelada.com.ar
