El gobernador del Chaco Domingo Peppo participó este miércoles del encuentro con sus pares de otras provincias, en el que analizaron el impacto de las medidas tomadas por el Gobierno Nacional en cada una de las jurisdicciones. Los mandatarios provinciales firmaron un documento en el que exigen a Nación a instrumentar las compensaciones financieras correspondientes para garantizar el funcionamiento de las administraciones.

“No pueden manejar y disponer de recursos que son de las provincias”, sostuvo Peppo, al hacer hincapié en la postura conjunta que tomaron unos 18 gobernadores que firmaron el documento en las oficinas del CFI en Buenos Aires. Resaltó que si bien no están en contra de las medidas, se cuestionan las formas de ejecución, que afectarían los recursos provinciales.

Peppo sostuvo que el objetivo es abrir al diálogo con el Gobierno Nacional pero sin descartar la posibilidad de recurrir a la Justicia ante la falta de respuesta de forma inmediata. “Vamos a resguardar los derechos de nuestras provincias. Cada uno de nosotros representamos a las provincias y en mi caso particular, voy a defender los intereses del Chaco”, aseveró y añadió: “Tenemos que sostener la gobernanza, y las obligaciones y servicios básicos que tenemos como Estado”.

El mandatario chaqueño indicó que se buscará que Nación revierta la situación u ofrezca compensaciones para las jurisdicciones. Y consideró que la reunión de hoy “deja una puerta abierta para que el Gobierno replantee las medidas y busque caminos de solución a esta situación extralimitada”.

Documento emitido por los gobernadores de provincias argentinas reunidos en el CFI

Ante los anuncios realizados por el Gobierno Nacional, después de las PASO, y en medio de un clima electoral, nos vemos en la obligación de expresar lo siguiente:

1) Dejamos bien en claro que no estamos en contra de ninguna medida de gobierno que tenga como objetivo paliar la grave situación económica que atraviesan la mayoría de los sectores de nuestra sociedad, empezando por los trabajadores que vienen perdiendo el poder adquisitivo de sus ingresos…. Pero, las medidas que se han dado a conocer, realizadas en forma inconsulta, unilateral y sin tener en cuenta de dónde saldrán los recursos para afrontar las mismas, nos hace compartir esos costos fiscales al no disponerse con ellas las compensaciones necesarias a las provincias argentinas, generando un despojo de nuestros recursos y colocándonos en una grave situación de desfinanciamiento.

En este estado de cosas, si bien nos parece positivo, que el gobierno nacional decida aplicar paliativos para algunos sectores, lo que no puede hacer, es disponer inconstitucionalmente de recursos que son de las provincias, tanto por el presupuesto en ejecución, como por el pacto fiscal, en el que casualmente acordamos esfuerzos y renunciamientos para garantizar una previsibilidad, que hoy en forma arbitraria se está vulnerando.

2) Estamos en grave peligro de no poder afrontar nuestros gastos corrientes, el cumplimiento de las obligaciones salariales, la prestación de servicios esenciales y la preservación de la paz social en cada uno de los estadios que representamos. Y ante todo eso, no podemos permitir, que se apropien de los recursos provinciales, por parte del Estado Nacional, solo por el justificativo de intentar atemperar las consecuencias perjudiciales, precisamente de sus propias y malas políticas económicas y financieras, de las cuales los estados provinciales no tenemos ninguna responsabilidad… por el contrario, hemos sido eficientes a la hora de cumplir con cada una de nuestras obligaciones y compromisos firmados.

3) Es a todas luces tan arbitraria y perjudicial está acción del estado nacional, que al privarnos de los ingresos que por la ley en vigencia que nos corresponden, nos pone al borde de una grave crisis, que puede empujar incluso a la toma de medidas de carácter excepcional o de emergencia, algo que sumaría más perjuicios a nuestro país, en medio de este complejo momento que estamos viviendo.

4) Expresamos enérgicamente, que vamos a defender los intereses de nuestros representados, si es que esta actitud errática y flagelante hacia nuestros derechos no se revierte.

Por lo tanto exigimos, se instrumenten las compensaciones financieras correspondientes para poder cumplir con el normal funcionamiento y la salvaguarda en la prestación de los servicios de seguridad, salud, educación y justicia que están a nuestro cargo.

Quedamos como lo hemos demostrado siempre, abiertos al diálogo franco y responsable, dejando sentado que de no ser así, nos veremos en la necesidad de buscar amparo judicial a nuestros derechos, ante un daño irreparable que no admite dilaciones, teniendo en cuenta el contexto actual.