Por el Dr. Adrian M. Beron de Astrada – Abogado en Derecho Penal y Laboral

Un cambio de paradigma silencioso pero devastador se ha instalado en el sistema de justicia penal de la provincia del Chaco. Las fiscalías priorizan la detención inmediata sobre la investigación, y la prisión preventiva dejó de ser la excepción para convertirse en la regla. Entre rejas y sin condena, miles de chaqueños esperan.

I. El artículo 18 y su vigencia en cuestión

La Constitución Nacional Argentina no admite ambigüedades. Su artículo 18 es taxativo: ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso. Ese mandato fundacional, que recoge siglos de pensamiento garantista —desde Cesare Beccaria hasta Luigi Ferrajoli—, consagra que toda persona es inocente hasta que una sentencia firme declare lo contrario. No es una cortesía procesal: es la columna vertebral del Estado de Derecho.

Sin embargo, en la provincia del Chaco, ese principio ha sufrido una mutación silenciosa pero estructural. Lo que la Constitución ordena como excepción —la privación de libertad antes de una condena— funciona hoy como práctica habitual y casi automática en gran parte de las fiscalías chaqueñas. El resultado: un sistema penal que, en los hechos, ha invertido la carga de la prueba. Ya no es el Estado quien debe demostrar la culpabilidad; es el imputado quien debe acreditar su inocencia.

Normativa aplicable:

• Art. 18 CN: ningún habitante puede ser penado sin juicio previo.
• Art. 75 inc. 22 CN: jerarquía constitucional de los tratados de Derechos Humanos.
• Art. 8.2 CADH (Pacto de San José): presunción de inocencia.
• Art. 7 CADH: derecho a la libertad personal y excepcionalidad de la detención.
• Art. 9 PIDCP: nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias.
• Reglas de Tokio (ONU): las medidas no privativas de la libertad son alternativas prioritarias.

II. Los números que acusan al sistema

Los datos oficiales no dejan margen para la interpretación benévola. Argentina cerró el año 2024 con su nivel de encarcelamiento más alto desde que existen registros, según el informe del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT).

Estadísticas clave — Argentina y Chaco (2024–2025):

• 121.443 personas privadas de libertad en Argentina (2024) — nivel histórico récord.
• Tasa de 258 detenidos cada 100.000 habitantes.
• 130,2% de capacidad de ocupación del sistema penitenciario nacional.
• 45.305 personas sin condena firme en todo el país en 2024 — aumento de 5 puntos porcentuales en 3 años.
• +7,1% de incremento de la población carcelaria en 2024, el mayor aumento en cinco años.
• El Servicio Penitenciario Provincial del Chaco cuenta con 10 establecimientos distribuidos en todo el territorio provincial.
• A los establecimientos penitenciarios se suman las comisarías de toda la provincia, históricamente utilizadas como depósitos humanos transitorios pese a carecer de las condiciones edilicias mínimas exigidas por ley.

En este contexto, el Chaco figura entre las provincias con más del 90% de la población privada de libertad con condena firme. Ese dato, leído en forma aislada, puede parecer alentador. Leído en su contexto —el crecimiento absoluto de personas encarceladas preventivamente, la precariedad de las condiciones de detención y la selectividad social del sistema—, es apenas un velo que cubre una realidad mucho más grave.

III. La prisión preventiva: de excepción a regla

El Código Procesal Penal y los códigos provinciales —incluyendo el chaqueño— establecen que la prisión preventiva es una medida cautelar de carácter excepcional, que sólo procede cuando existan riesgos procesales concretos: peligro de fuga o de entorpecimiento de la investigación. No es, ni puede ser, un anticipo de pena.

Sin embargo, en las fiscalías chaqueñas la práctica es sistemáticamente diferente: ante cualquier imputación —incluso en casos de lesiones leves, delitos menores o infracciones donde la ley contempla medidas alternativas— el fiscal solicita la prisión preventiva como primera y casi única herramienta. El imputado es detenido, y entonces comienza el proceso: no para determinar si es culpable, sino para que él demuestre que no lo es.

Lo que ordena la Constitución:

• Toda persona es inocente hasta sentencia firme.
• La privación de libertad es la excepción, no la regla.
• El Estado debe probar la culpabilidad.
• La prisión preventiva requiere riesgo procesal concreto y fundado.
• Las medidas alternativas deben priorizarse (arraigo, presentación periódica, tobillera electrónica).
• El juicio debe ser previo a toda pena.

Lo que ocurre en la práctica chaqueña:

• El imputado es tratado como culpable desde el momento de la detención.
• La prisión preventiva es la primera —y casi única— respuesta fiscal.
• El imputado debe acreditar su inocencia para recuperar su libertad.
• Se aplica incluso en delitos leves como lesiones, sin analizar la gravedad del hecho.
• Las medidas alternativas son ignoradas o excepcionales.
• Se priva de libertad antes de probar ningún hecho en juicio.

IV. Condiciones inhumanas: el agravante silenciado

La violación del principio de inocencia no es el único agravio. Las condiciones en que se cumplen esas detenciones preventivas constituyen, por sí solas, una vulneración autónoma de derechos fundamentales. El hacinamiento carcelario en Argentina opera al 130,2% de su capacidad. En las comisarías, la situación es aún más crítica.

Las comisarías del Chaco no están concebidas ni habilitadas para alojar detenidos de manera prolongada. Carecen de espacios de aseo suficientes, atención médica adecuada, iluminación natural, ventilación apropiada y toda forma de actividad educativa o laboral. Sin embargo, en ellas permanecen por días, semanas y a veces meses personas que aún no han sido condenadas por ningún tribunal.

Personas inocentes —porque ninguna sentencia ha declarado lo contrario— padecen condiciones de encierro que vulneran su dignidad, su salud y su integridad psicofísica, en establecimientos que no fueron diseñados para tal fin y que el Estado no ha adecuado. La Procuración Penitenciaria de la Nación registró en el primer trimestre de 2025 un nuevo máximo histórico de personas alojadas en dependencias policiales en todo el país. El patrón se replica sistemáticamente en el Chaco.

V. El cuarto poder como tribunal de primera instancia: los medios y el juicio paralelo

Junto a la acción fiscal y al silencio cómplice de algunos jueces, existe un tercer actor que completa el engranaje del sistema punitivo chaqueño: los medios de comunicación locales. Su rol en la construcción de la culpabilidad pública de un imputado no es anecdótico ni secundario; en muchos casos, es el detonante que condiciona —o directamente determina— las decisiones judiciales posteriores.

El fenómeno tiene un nombre técnico en el derecho procesal: juicio paralelo. Se configura cuando los medios de comunicación asumen el papel que la Constitución reserva exclusivamente a los jueces: juzgar a una persona por un presunto delito. Lo hacen antes de que exista una sola prueba admitida en juicio, antes de que el imputado haya podido ejercer su defensa, y muchas veces antes de que la investigación haya siquiera concluido.

La doctrina de Latorre Latorre define al juicio paralelo como «todo proceso generado e instrumentado en y por los medios de comunicación, erigiéndose en jueces sobre un asunto sub iudice y anticipando la culpabilidad del imputado, o desacreditando el proceso con el fin de influir en la decisión del tribunal trocando su imparcialidad, de modo que cualquier lector o televidente tendría la impresión de que la jurisdicción penal no tendría otro recurso que sentenciar en los términos implicados».

En el Chaco, este mecanismo opera con una lógica devastadora: ante un hecho de repercusión pública, los canales de televisión, las radios y los portales digitales locales construyen en tiempo real una narrativa de culpabilidad. El imputado es identificado, fotografiado y expuesto ante la comunidad como un culpable confirmado. Su nombre, su rostro y su historia personal quedan grabados en la memoria colectiva bajo el sello del delito imputado.

Lo que sigue es predecible: el fiscal, que no puede ignorar el clima social generado por esa cobertura, solicita la prisión preventiva. El juez, que tampoco puede abstraerse de la presión pública, la concede. Nadie en ese circuito se pregunta si hay pruebas suficientes: la condena mediática ya fue dictada, y el sistema judicial simplemente la ratifica con el sello institucional que le falta.

La doctrina y la jurisprudencia reconocen que los juicios paralelos suponen una enorme presión sobre los tribunales que pone en riesgo su imparcialidad, ya que los medios de comunicación —antes de la sentencia— han concluido anticipadamente si el imputado es culpable o inocente.

El tribunal que no ratifica la condena mediática se expone a ser acusado de encubrimiento; el que la ratifica recibe el aplauso de la opinión pública. El incentivo perverso es evidente.

Y aun cuando el tribunal resista esa presión y absuelva —lo que en el Chaco ocurre con una frecuencia menor a la deseable—, el daño ya es irreparable. El imputado absuelto sale del proceso con su reputación destruida, su empleo perdido, su familia fragmentada y su nombre asociado para siempre al delito del que fue acusado. La absolución judicial no tiene trending topic. La detención, sí.

VI. El indicio como condena: la agonía del in dubio pro reo en el Chaco

Existe en el derecho penal argentino —y en todo sistema procesal serio— un principio de valoración de la prueba tan antiguo como el propio garantismo: el in dubio pro reo. Su traducción es sencilla: ante la duda, a favor del acusado.

Su significado, más profundo: si el Estado no puede probar la culpabilidad más allá de toda duda razonable, el imputado debe ser absuelto. No porque sea inocente —eso quizás nunca se sabrá con certeza—, sino porque el Estado no cumplió con la carga que la Constitución le impone.

Este principio establece que la condena exige certeza. No probabilidad. No sospecha fundada. No indicios convergentes. Certeza. Y que en ausencia de esa certeza, la única respuesta constitucionalmente legítima es la absolución.

La doctrina procesal argentina es contundente al respecto: la acusación debe llegar a un nivel de prueba que deje afuera explicaciones alternativas razonables sobre el hecho, la autoría o el dolo. No bastan la sospecha, la intuición, la mala impresión que genera el imputado, ni una versión fiscal simplemente «más probable». La carga de probar la culpabilidad sigue en la acusación. La defensa no tiene que demostrar inocencia plena para que proceda la absolución.

Un indicio es, por definición, un dato circunstancial que permite inferir la posible participación de alguien en un hecho. No es prueba directa. No acredita el hecho. No establece la culpabilidad. Es, a lo sumo, el punto de partida de una investigación, no su punto de llegada.

La jurisprudencia comparada —incluyendo el Tribunal Supremo español en su sentencia 78/2007— establece que cuando entre los indicios existentes hay divergencia, o cuando no forman una inferencia cerrada que excluya explicaciones alternativas compatibles con la inocencia, debe aplicarse el in dubio pro reo y resolverse a favor del imputado.

En el Chaco, ese mandato es letra muerta. Tener indicios en contra equivale a ser culpable. El fiscal los presenta; el juez los acepta; el imputado va preso. La duda razonable no genera absolución ni libertad: genera más investigación a costa de la libertad del investigado. El imputado queda atrapado en un laberinto kafkiano: es detenido sobre la base de indicios; permanece preso mientras se investiga si esos indicios se confirman; y si no se confirman, sale en libertad después de haber padecido semanas o meses de encierro, con su vida destruida y sin reparación efectiva.

VII. El principio de culpabilidad: un paradigma inconstitucional

En el sistema que hoy predomina en la justicia penal chaqueña, la detención precede a la investigación y la constituye en su fundamento. El fiscal no detiene porque investiga y concluye que hay peligro procesal: detiene, y luego el proceso deviene en una carrera contra el tiempo para que el imputado —ya preso, ya estigmatizado, ya con su vida laboral, familiar y social destruida— pruebe algo que jamás debió probar: que no hizo lo que se le imputa.

Este proceso vulnera simultáneamente múltiples garantías constitucionales y convencionales:

• Principio de inocencia (art. 18 CN y art. 8.2 CADH).
• Derecho a la libertad personal (art. 7 CADH).
• Principio de legalidad y el debido proceso.
• Prohibición de tratos inhumanos (art. 5 CADH y art. 18 CN in fine).
• Principio in dubio pro reo como regla de valoración de la prueba.

VIII. El perfil de las víctimas del sistema

No es casual quiénes llenan las celdas y los calabozos chaqueños. La selectividad del sistema penal tiene nombre y apellido socioeconómico. Los detenidos preventivos son, abrumadoramente, jóvenes pobres, excluidos, sin acceso a una defensa técnica de calidad, sin recursos para aguardar el proceso en libertad.

La prisión preventiva masiva no es ciega: tiene ojos de clase. Y en el Chaco, esos ojos miran siempre hacia abajo. Las personas con recursos económicos para costear buenos defensores, para acreditar arraigo, para presentar alternativas procesales sólidas, raramente ingresan al circuito de la detención preventiva masiva. Quienes carecen de esas herramientas, en cambio, quedan indefensos ante un sistema que presume su culpabilidad desde el primer momento.

IX. ¿Qué debe cambiar?

El diagnóstico es claro; las soluciones, aunque complejas, también lo son:

• Control judicial efectivo y riguroso de cada solicitud de prisión preventiva: los jueces no pueden ser meros validadores de los pedidos fiscales, sino guardianes activos de los derechos del imputado. Deben exigir fundamentación real del peligro procesal.
• Capacitación y control de las fiscalías en el uso de medidas alternativas: arraigo, presentación periódica, prohibición de salida del país, tobilleras electrónicas. Estas herramientas existen; no se utilizan.
• Adecuación de la infraestructura carcelaria a estándares constitucionales y convencionales. No pueden coexistir en un Estado de Derecho las garantías proclamadas en el papel con las condiciones inhumanas de comisarías y penales.
• Regulación de la cobertura mediática de procesos penales: los medios tienen derecho a informar, pero ese derecho no puede ejercerse en detrimento de la presunción de inocencia del imputado.
• Debate público, legislativo y judicial profundo sobre la cultura punitivista que ha permeado las fiscalías y que ha hecho de la detención un fin en sí mismo, desvinculado de su único propósito legítimo: asegurar el proceso.

Reflexión final: la Constitución no tiene jurisdicción en el Chaco

Lo que este análisis revela no es la suma de errores individuales ni la consecuencia de funcionarios incompetentes. Es algo peor: un paradigma. Un sistema que opera con su propia lógica interna, coherente y autorreferencial, donde cada pieza encaja con las demás para producir siempre el mismo resultado: el imputado preso, el Estado satisfecho, la opinión pública tranquilizada.

Los medios de comunicación construyen al culpable antes del juicio. Las fiscalías lo detienen sobre la base de indicios que la Constitución nunca consideró suficientes. Los jueces validan la detención sin exigir el estándar probatorio que la ley impone. El in dubio pro reo desaparece: la duda no libera, encarcela. Y las comisarías y penales del Chaco se convierten en el depósito de todos esos «culpables» que el sistema fabrica con la mecánica eficiencia de una línea de producción.

El Chaco no puede tener dos constituciones. Hay una sola, y ella es inequívoca: toda persona es inocente hasta que una sentencia firme declare lo contrario; la privación de libertad sin condena es la excepción, no la regla; ante la duda, a favor del acusado; nadie puede ser condenado sin prueba suficiente.

Cada día que un chaqueño permanece preso sin sentencia, sobre la base de indicios y presiones mediáticas, en condiciones que ningún estándar civilizado toleraría, es un día en que esa Constitución no rige en esta provincia. Y esa es, quizás, la más grave de las condenas: la que recibe no el imputado, sino el Estado de Derecho.

Fuentes y referencias:

Estadísticas: Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) · Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) · Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN) · Asociación Pensamiento Penal.

Marco jurídico: Constitución Nacional Argentina (arts. 18 y 75 inc. 22) · Convención Americana sobre Derechos Humanos (arts. 7 y 8.2) · Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 9) · Reglas de Tokio (ONU).

Doctrina: Latorre Latorre (juicios paralelos) · Microjuris Argentina · Abogacía Española · ST Abogados (estándar de duda razonable, 2026) · Tribunal Supremo español, STS 78/2007 (prueba indiciaria e in dubio pro reo) · Ferrajoli, Luigi, Derecho y razón (Trotta, Madrid).