El proyecto fue enviado por el Poder Ejecutivo provincial con el objetivo de contar con un organismo de control que garantice la transparencia de la gestión pública.

La iniciativa tomó estado parlamentario en la sesión del pasado miércoles y fue girada para su tratamiento a las comisiones de Legislación General, Justicia y Seguridad y la de Hacienda y Presupuesto, respectivamente, con preferencias para ser tratada dentro de 2 sesiones.

Este proyecto lleva la firma del gobernador Domingo Peppo y bajo el Nº 776/18 que impulsa la creación de la Oficina Anticorrupción en el ámbito de la Fiscalía de Estado.

«De ser sancionada la ley, esta área será la encargada de prevenir, identificar e investigar aquellas conductas que, dentro del ámbito fijado por la reglamentación, se consideren comprendidas en la Convención Interamericana contra la Corrupción aprobada por Ley Nacional Nº 24.759», explicaron.

«Se prevé además, que la Oficina estará presidida por un funcionario denominado Fiscal Anticorrupción con rango y jerarquía de Procurador General de acuerdo a la estructura de cargos de la Fiscalía de Estado, y compuesta por una Dirección de Investigaciones y una Dirección de Planificación de Políticas de Transparencia, siguiendo el modelo adoptado en el orden nacional», agregaron.

Respecto de la designación del Fiscal Anticorrupción, éste será propuesto por el Poder Ejecutivo, previo concurso de antecedente y oposición, con acuerdo de la Cámara de Diputados y tendrá una duración en el cargo de 5 años, pudiendo ser reelegido una sola vez.

En relación con sus atribuciones, la Oficina podrá entre otras cosas: recepcionar denuncias respecto de hechos de corrupción; investigar a los agentes a los que se atribuya actos de corrupción; denunciar ante el Poder Judicial los hechos que pudieran considerarse como delitos.

Podrá constituirse en parte querellante en los procesos judiciales en que se investiguen delitos contra la Administración Pública y en los que se encuentre afectado el patrimonio ambiental, cultural, histórico y económico del Estado; solicitar a las autoridades administrativas competentes, las correspondientes sanciones; y recomendar la suspensión preventiva del empleado o funcionario investigado, cuando su permanencia pudiera obstaculizar gravemente la investigación.

También establece entre otras cosas los requisitos para ser Fiscal Anticorrupción que serán: ser ciudadano argentino; tener treinta años de edad; tener no menos de cinco años en el ejercicio de la profesión de abogado o idéntica antigüedad profesional en el Ministerio Público o en el Poder Judicial.

Una vez designado, cabe señalar, podrá ser removido por el voto de la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara de Diputados, cuando mediare mal desempeño o comisión de delitos en el ejercicio de la función pública.

FUNDAMENTOS

Para la presentación de este proyecto de ley el Ejecutivo provincial entendió que “la corrupción es el flagelo que se yergue amenazante hoy contra la democracia, como antes lo hacían los autoritarismos y los golpes de estado”. “La corrupción que afecta hoy a todos los sistemas políticos del mundo, no solo que importa detraer los escasos recursos con que el Estado cuenta para atender las infinitas necesidades de sus gobernados, sino que además detrae un capital esencial para la sostenibilidad de cualquier democracia como forma de gobierno: la credibilidad de los funcionarios públicos y la confianza en el accionar gubernamental”.

“La pérdida de esa credibilidad y confianza, conjuntamente con la necesidad de resguardar el patrimonio estatal y la adecuada inversión de los recursos estatales, nos obliga a adoptar medidas de control que se sumen a las que ya existen, con el fin de generar nuevas instancias de combate contra este flagelo universal”, argumentó el primer mandatario provincial.