Desde la Unión de Trabajadores Judiciales del Chaco repudiaron los hechos que sucedieron el pasado lunes 7 de octubre cuando «se ordenó la internación forzosa de una trabajadora judicial de la ciudad de Resistencia, en un procedimiento desmedido con policías de distintas unidades, ambulancia y médicos que sedaron a la trabajadora para llevarla sin su consentimiento al área de Salud Mental del Hospital Perrando», comenzaron explicando.

Ante éstos hechos expuestos públicamente, del caso de Gabriela Casas, «solicitamos a las autoridades que correspondan la investigación exhaustiva y aclaramos a los trabajadores que desde nuestra institución constantemente nos abocamos a situaciones de salud y violencia laboral que ocurren en distintas dependencias de nuestra provincia con afiliados a nuestro gremio», agregaron.

Asimismo, aclararon que «estas intervenciones se dan en el marco de la legitimación activa, en forma institucional, logrando componer las distintas situaciones, haciendo que los conflictos no escalen ni provoquen mayores perjuicios en la salud física, mental y emocional del trabajador, estableciendo los límites correspondientes y  exigiendo el respeto a los derechos».

El Caso

El caso de G.C., la abogada y empleada judicial que fue brutalmente retirada de su domicilio particular para ser internada  y medicada contra su voluntad en la sala de salud mental del Hospital Perrando, va dejando una estela de detalles que impactan por su crudeza.

Una semana después del descomunal operativo montado el lunes 7 en el barrio Provincias Unidas, siguen apareciendo videos de los momentos previos y posteriores a la actuación policial, que se llevó adelante pese a una negativa explícita de la fiscal de turno, y que la policía atribuyó a una decisión de la Defensora General de la Provincia, Alicia Alcalá.

El caso se vuelve más extraño no solo por cómo se habrían violentado las garantías de G.C., una mujer de 42 años a quien sus vecinos no identifican como una persona conflictiva ni desequilibrada o peligrosa, habría formulado tiempo atrás una denuncia por violencia laboral en su trabajo, que llevaba a cabo justamente en jurisdicción de la Defensoría.

ESTRUENDO Y TENSIÓN

En nno de los videos , tomado por un vecino de G.C., muestra los momentos en que la policía comienza a golpear violentamente el portón metálico de la vivienda de la empleada judicial, mientras un fuerte cordón policial (actuaban efectivos de infantería y del Comando de Operaciones Especiales) impedía a los vecinos acercarse a la casa.

Fueron minutos de una gran tensión, marcados por el estruendo de las embestidas con las que los policías buscaban (y finalmente lograban) reventar el portón de acceso a la casa.

«No la lleven, no la lleven», coreaban las personas que se habían concentrado en apoyo de G.C., que cuando percibe los intentos de la policía por ingresar a la fuerza se dirigió hacia el interior de la vivienda e intentó huir, aterrorizada, por los techos vecinos.

Fue atrapada y el personal sanitario que acompañaba el operativo le inyectó una droga para sedarla, tras lo cual fue colocada en una camilla, en la cual fue sujetada con flejes, para finalmente ser subida a la ambulancia que desde rato antes aguardaba afuera. El vehículo de emergencias se retiró entre expresiones de indignación y repudio de los vecinos. «Esto que hicieron es un secuestro», se le escucha decir a una persona.

El procedimiento, que tuvo una amplia repercusión en medios y redes, no tuvo hasta ahora una declaración ni comentario alguno del Superior Tribunal. Sí se sabe que una fiscal decidió iniciar una investigación, y la semana pasada la Defensoría General emitió un breve comunicado fundando lo ejecutado en la ley de salud mental.

La norma, según profesionales del derecho c, de ninguna manera habilita lo que se llevó a cabo siete días atrás en el barrio Provincias Unidas.