La provincia de La Rioja picó en punta y presentó el primer planteo ante la Corte Suprema contra el DNU 70/2023 de desregulación económica firmado días atrás por el presidente Javier Milei en acuerdo de ministros.

Con el patrocinio del ex juez cortesano Eugenio Raúl Zaffaroni, busca que se declare inconstitucional y se haga lugar a la suspensión. La Corte lo giró a la Procuración y avisó que lo tratará después de la feria de enero.

Además del planteo que busca la declaración de inconstitucionalidad, la provincia pidió que se dicte una medida cautelar para que suspenda los efectos del DNU, que entró en vigencia este viernes 29. 

La presentación entró este jueves 28 de diciembre al Sistema y se encuentra en la Secretaría de Juicios Originarios. Este viernes es el último día de funcionamiento judicial previo a la feria de verano, que tendrá al presidente de la Corte, Horacio Rosatti, como autoridad durante todo enero. Sus pares Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti estarán del 1° al 7 de enero y del 1° al 5 respectivamente.

Ante ese panorama, Zaffaroni y el constitucionalista Raúl Ferreyra, los patrocinantes, le pidieron a la Corte que habilite la feria para tratar el pedido. En una primera resolución, el Máximo Tribunal dispuso darle intervención a la Procuración General para que dictamine. T

ambién avisó que «estudiará las cuestiones sometidas a decisión luego del receso correspondiente a la próxima feria judicial del mes de enero».

El gobernador riojano, Ricardo Quintela, justificó en redes sociales la presentación al decir que el DNU en cuestión «produce perjuicios irreparables a la ciudadanía por resultar contrario» a artículos de la Constitución Nacional y de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos.

«Con la vigencia del DNU N° 70/2023 se lesiona gravemente el federalismo, la institucionalidad de nuestra república, y se coloca en un estado de vulnerabilidad al conjunto de la sociedad argentina en sus derechos laborales, sociales, económicos y culturales. Por eso, este reclamo que lo hago en nombre de mi provincia, busca en el Poder Judicial de la Nación un pronunciamiento que garantice la vigencia del estado de derecho y consolide los valores de nuestra Democracia», escribió el mandatario en su cuenta de X (ex Twitter).

En el escrito de 30 carillas sostiene que la medida cuestionada «afecta concretamente a la provincia de La Rioja por cuanto se alteran múltiples actividades productivas y económicas, y se conmueven relaciones jurídicas que el Estado provincial mantiene con terceros».

Además, plantea de entrada que la Constitución «ha sido amenazada y alterada» por el decreto, lo que representa una «distorsión del orden constitucional federal». 

«Jamás un DNU había pretendido borrar masivamente tantas leyes»

Después, el escrito planteado ante la Corte repasa que el instrumento se incorporó con la reforma constitucional de 1994 y que si bien hasta el momento se dictaron casi 900, «jamás un DNU había pretendido borrar masivamente tantas leyes«.

Cita, a su vez, el artículo 99 inciso 3 de la Carta Magna, que prohíbe al Ejecutivo, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones legislativas. 

De acuerdo a la presentación, en los considerandos del mencionado decreto no hay motivo por el que no hubiera podido transitar el trámite legislativo.

Mucho menos, agrega, «se aprecia la necesidad ni la urgencia de implementar medidas regulatorias de amplio y diverso alcance».

A su vez, lo calificaron como una desregulación «contradictoria», ya que gran parte de la medida está dedicada a nuevas regulaciones y no sólo a derogaciones. 

Más adelante, los autores de la presentación recordaron que en 2018 el Ejecutivo con Mauricio Macri en la Presidencia dictó un DNU (el 27/2018, de Desburocratización y Simplificación) que también tenía modificaciones legislativas y fue denunciado penalmente. «Tuvo que presentar proyectos de ley de similar contenido para esquivar las impugnaciones judiciales», señalaron.

Para La Rioja, la normativa firmada días atrás por el presidente Milei «carece de legitimidad democrática y jurídica». 

«La falta de discusión en el Congreso y la legislación a extramuros de la Escritura fundamental podría implicar un acto contra el orden jurídico y el sistema democrático. (…) Múltiples derogaciones y modificaciones tienen un impacto negativo en actividades provinciales, tanto en económicas y productivas como administrativas«, dice el escrito.

Con esta presentación, la provincia habilitó a la Corte a un primer pronunciamiento acerca de esta potente primera medida de la administración que asumió el 10 de diciembre, ya que hasta ahora los cuestionamientos judiciales se habían canalizado vía Contencioso Administrativo y también por el Fuero Laboral.

«El Decreto se ajusta a la legalidad, a la legitimidad. Antes del decreto analizamos precedentes tanto de la Cámara como de la Corte que va a intervenir en el caso. No tenemos ninguna duda de eso y de que va a afrontar un test de constitucionalidad del juez que toque», dijo en declaraciones a TN el ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona. 

Al detenerse sobre el pedido de una cautelar suspensiva del DNU, los letrados afirmaron que está acreditado el peligro en la demora, esencial para su admisibilidad.

«En caso de no accederse a esta petición cautelar, deducida en la instancia jurisdiccional más sobresaliente del Derecho judicial, la competencia originaria de la CSJ, se concretará un absolutismo autocrático del Poder Ejecutivo, que quedará sin control judicial suficiente», sostiene el escrito.