El apartamiento preventivo del magistrado de Sáenz Peña por parte del Consejo de la Magistratura provincial encendió alarmas nacionales.
Especialistas alertan que utilizar mecanismos disciplinarios para cuestionar el criterio de un fallo sienta un precedente peligroso para el sistema de garantías.
La suspensión del juez de Cámara de Presidencia Roque Sáenz Peña, Gustavo Rodolfo Lineras, ha derivado en una fuerte crisis institucional que trasciende las fronteras de la provincia.
La Red de Juezas y Jueces Penales de la República Argentina emitió un categórico pronunciamiento en el que expresa su profunda preocupación, denunciando que la resolución del Consejo de la Magistratura y Jurado de Enjuiciamiento del Chaco constituye una amenaza directa a la autonomía del Poder Judicial.
El conflicto, que ha sumido en la incertidumbre a los tribunales chaqueños, tiene su origen en una causa cruzada.
El juez Lineras fue suspendido en simultáneo con el fiscal provisorio César Luis Collado, tras un fallo en el que el magistrado otorgó un hábeas corpus preventivo a un grupo de abogados que denunció ser objeto de persecución y coacción por parte del representante del Ministerio Público.
En su resolución, Lineras fue severo al calificar el accionar del fiscal como una «instrumentación torpe, irregular y peligrosamente abusiva de los recursos del sistema penal».
Desde la perspectiva de la Red de Jueces Penales, la respuesta del organismo de control —que optó por suspender a ambas partes en lugar de permitir que el fallo fuera revisado por las vías recursivas ordinarias— es «especialmente grave».
La entidad nacional subrayó que las decisiones judiciales deben ser cuestionadas únicamente a través de los mecanismos de apelación previstos por el ordenamiento jurídico, y no mediante procesos disciplinarios que operen como instancias de revisión encubiertas.
Para los especialistas, la criminalización de un criterio jurídico sienta un precedente alarmante, ya que el hábeas corpus es una herramienta fundamental para el control de la legalidad de los actos estatales.
Al sancionar a un magistrado por el contenido de una sentencia, advierten, se genera un «efecto disuasorio» que limita la capacidad de los jueces para ejercer su función de control frente al poder, vulnerando los Principios Básicos de las Naciones Unidas sobre la Independencia de la Judicatura.
La organización concluyó que el apartamiento de un juez solo debería fundarse en causas excepcionales y plenamente acreditadas —tales como dolo, corrupción o parcialidad manifiesta—, elementos que, a criterio de la Red, no se encuentran configurados en el expediente del magistrado Lineras.
Mientras la causa avanza en el Jurado de Enjuiciamiento, la comunidad jurídica sigue de cerca este proceso, que podría marcar un punto de inflexión en las garantías constitucionales y la estabilidad de la magistratura en el Chaco.
