En una misiva enviada a la Camara de Diputados del Chaco,  Legisladoras Nacionales, Militantes: Políticas, Barriales, Sindicales y Estudiantiles en el Frente de Mujeres del Campo Nacional y Popular, manifestaron su apoyo y solidaridad con la Diputada provincial Nadia Garcia Amud, ante los pedidos de remoción y el proceso iniciado en la legislatura chaqueña.

A continuación reproducimos la misma: 

Resistencia, 19 de febrero de 2018.

A              LA           PRESIDENTA 

DE LA CAMARA DE DIPUTADOS

DE  LA  PROVINCIA DEL CHACO

DIP.     CUESTA,   LIDIA ELIDIA

S                        /                         D:  

                                                   «Las Legisladoras Nacionales, Militantes: Políticas, Barriales, Sindicales y Estudiantiles en el Frente de Mujeres del Campo Nacional y Popular, nos dirigimos a Ud y por su intermedio a las y los legisladores de la Provincia del Chaco y teniendo en cuenta la Ley Nacional 26485/2009 “Ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales y decreto reglamentario 1011/2010, donde, “se considera violencia indirecta, a los efectos de la presente ley, toda conducta, acción omisión, disposición, criterio o práctica discriminatoria que ponga a la mujer en desventaja con respecto al Varón.

                                               Así también, manifestar el REPUDIO y TRATAMIENTO que están dando sobre el pedido de remoción de la Diputada Provincial Nadia García Amud, presentado por un grupo de ciudadanos miembros de Fundaciones y Asociaciones Civiles, que fuera ingresado a la legislatura el pasado día 08/02/2018,fundado en el art. 105 de la Constitución de la Provincia del Chaco, impuesto y sujeto a la opinión pública, que dista de denuncias formales en organismos públicos y/o judiciales.

                                                             La causal invocada en el escrito referenciado ut supra, reviste de “gravedad institucional”, pero, fundamentalmente reproduce e institucionaliza los mecanismos que promueven la desigualdad entre los géneros, fundando una doble moralidad cargada de estigmas y prejuicios sobre la mujer.

                                                          El patriarcado es un sistema omnipresente, que desde los micromachismos, hasta los femicidios, atraviesa toda la vida social, por ello que la participación política resulta indispensable ante el sentido común represivo sobre el cuerpo de la mujer que dichos mecanismos legitiman.

                                                         Siguiendo la trayectoria del cuerpo legislativo, existen en la lista de Solicitudes de DESAFUERO, desde el Poder autorizado a realizarlo (Poder Judicial), establecido en la Constitución Provincial, y por hechos que constituyeron Delitos de Verdadera Gravedad, así la Resolución 265/1992 solicitado por el Superior Tribunal de Justicia el desafuero del Diputado Prov. Danilo Larroquet, por estar imputado en una causa de “Narcotráfico”; la Resolución Nº 3701/1993 por la cual desde la Instrucción del Juzgado de la ciudad de Charata se pedía el desafuero de la Dip. Provincial Ilda Rosa C. de Florestello; la Resolución Nº 226/1995 solicitado por el Juzgado Correccional Nº 2 de la ciudad de R. Saenz Peña en autos caratulados “DELFOR HORACIO S/HOMICIDIO CULPOSO EN ACCIDENTE DE TRANSITO”;  la Resolución Nº 413/1999, solicitada por el Juez de Instrucción Nº 3 sobre el Desafuero del Diputado Provincial Julio Beker; la Resolución Nº 594/2006  solicitando el Desafuero  del entonces Presidente del cuerpo, el Diputado Provincial Carlos Urlich, desde el Juzgado de Garantías Nº 1 de la IV Circunscripción Judicial de la Provincia del Chaco, la cual fuera ARCHIVADA.

                                            NO existiendo hasta la fecha antecedente alguno en nuestra legislatura provincial de REMOCION por causas de  “inmoralidad sobreviniente”,  atento a que la moral está formada por conjunto de creencias, valores y costumbres que dirigen  la conducta de las personas en la sociedad y ésta es de una abstracción  y subjetivación tal que podríamos incurrir en el “Abuso del Derecho en la aplicación del Instituto”, máxime teniendo en cuenta que el petitorio de remoción lo solicitan miembros de la sociedad civil.

                                                 Asimismo, que se trate de fundamentar el caso con la Ley Nº 1341  “Ética y Transparencia”, resulta aún falto  de soporte político, cuando el fin de la misma se refiere a cuestiones de “Juicio de Residencia”, que nada tiene que ver con el hecho desarrollado en la vecina provincia de Corrientes.

                                             Advertimos, que cualquier tipo de avasallamiento e intromisión  por parte del Poder Ejecutivo Provincial,  al respecto, podría representar una grave injerencia de un Poder del Estado sobre otro poder, condicionando así las atribuciones de este cuerpo legislativo.

                                               Instamos a la Dirigencia Política, a observar el mal accionar policial de las Fuerzas de Seguridad de la Provincia de Corrientes que este caso ameritaría, por un lado, y a legislar contra las desigualdades sociales, la violencia machista y todo proyecto que atente contra los derechos históricamente conquistados.

                                              Sugerimos, a los interesados en general, en la remoción de dicha legisladora, atender las labores parlamentarias de aquellos que por mandato popular ocupan una banca y que hoy votan contra el pueblo, como así también, de los que siendo funcionarios públicos “deben cuotas alimentarias” a sus hijos, o de los que pesan denuncias públicas por violencia de género y abuso sexual, de público conocimiento y develar la incesante circulación en medios de comunicación y otros canales informativos las expresiones misóginas que pesan sobre la mujer y su participación política.

                                            Entonces, por razón histórica, la igualdad entre géneros, la justicia social y las libertades sobre nuestros cuerpos, repudiamos toda discriminación, estigmatización y abuso de poder ejercidos estos por el Estado, Instituciones, Grupos de Privilegios y Medios de Comunicación Social; advertimos el desvió de esfuerzos para responder a las necesidades urgentes de nuestro pueblo, en medio del conflicto social que generan las políticas del gobierno nacional al servicio de intereses concentrados y el desmantelamiento del Estado; apelamos a su representación para legislar y advertir los efectos que generan el aumento de productos y servicios básicos para la vida, la vulneración de derechos, la Violencia Institucional y la Violencia Machista enquistada en nuestra sociedad, sobre nuestra realidad social.

                                           Por todo lo expuesto precedentemente y porque entendemos que la disputa por la igualdad de género, va de la mano de una provincia y un país más justo donde habitar y vivir en libertad;  y en base al derecho de peticionar a las autoridades, la saludan muy atte. 

Legisladoras Nacionales, Militantes: Políticas, Barriales, Sindicales y Estudiantiles en el Frente de Mujeres del Campo Nacional y Popular