La insistencia del presidente electo Javier Milei respecto a la paralización de la obra pública en todo el país tendrá consecuencias difícil de dimensionar, sostienen en el Ministerio de Infraestructura que conduce Gabriel Katopodis.
Los primeros síntomas se advirtieron en el sector de la construcción, el más afectado, donde comenzaron a llegar los telegramas de despido.
Según explicó Katopodis, están en peligro inminente más de 240 mil puestos de trabajo vinculados directa e indirectamente de las obras distribuidas por todo el país. De hecho, el sector de la construcción generó más de 480.000 empleos y más de la mitad dependen de los proyectos que desarrolla el Estado Nacional.
Para mayor preocupación, Milei repitió que las obras en ejecución se paralizarán automáticamente lo cual significa que se incumplan con contratos vigentes con constructoras de todo el país y deriven en juicios millonarios que terminen saliendo más caro para el Estado que terminar con los proyectos ya iniciados.
Es que el complejo portuario del sur de Santa Fe, por donde se exporta el 80 por ciento del comercio internacional del país arrastra problemas de infraestructura desde hace décadas. Hay kilómetros y kilómetros de caminos a las terminales portuarias que están prácticamente intransitables que lentifican la logística y con ello el costo de transporte.
Como esas cosas difíciles de entender, la principal entrada de divisas con las que cuenta el país tenga rutas que en muchos tramos están convertidas en ripio por falta de mantenimiento, ahora se le suma la incertidumbre por el nuevo «sistema a la chilena» que repite Milei pero no da demasiadas precisiones ni explica de qué manera se implementará.
Por lo poco que se sabe, se asemeja al sistema de Participación Público-Privado que implementó Mauricio Macri entre 2015 y 2019 para la construcción de autopistas y autovías pero que apenas se hicieron unos poquísimos kilómetros en alguna de las rutas.
Lo que si sucedió es que con el cambio de sistema, no solo se afectó a la UOCRA sino también cerraron un montón de pymes que fabricaban insumos para esos proyectos: «provocará que cientos de PyMEs y empresas de la construcción vuelvan a estar en convocatoria de acreedores, tal como sucedió en 2018/19 con el Plan Económico de Mauricio Macri», señaló Katopodis.
